La Cámara de Diputados aprobó la reforma del presidente, López Obrador, para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas en tiempos de paz de los militares, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su administración.
La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de seguridad con más de 120.000 miembros que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.
El dictamen, que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, fue criticado por la oposición y algunos organismos de derechos humanos por advertir que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El presidente López Obrador aceptó que cambió de parecer sobre el regreso de los militares a los cuarteles. En su conferencia de prensa del 6 de septiembre de 2022, fue cuestionado al respecto, pues su postura como opositor fue totalmente distinta a lo impulsado por su gobierno en materia de seguridad. “Sí, sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”, dijo en aquel entonces el primer mandatario.
La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”. Pero desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de AMLO y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
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