Al resolver un amparo, el máximo tribunal constitucional determinó que las penas máximas para el delito de feminicidio en Oaxaca son acordes con los principios de proporcionalidad de penas y de reinserción social.
El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, establece que la penalidad no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas ni la reinserción social, debido a que atiende a la gravedad de la conducta tipificada “en relación con el contexto feminicida que agobia al país”.
“El feminicidio es un fenómeno complejo y pluriofensivo que afecta diversos bienes jurídicos, tales como la vida, la integridad, la libertad sexual y el derecho a la igualdad de las mujeres, y constituye la manifestación extrema de un cúmulo de violencias en su contra”, dijo Herrerías Guerra al presentar el asunto.
Al respecto, Hugo Aguilar comentó: “En el Pleno sostuve que las penas previstas en el Código Penal local cumplen con el principio de proporcionalidad, pues reconocen que el feminicidio no es solo la privación de la vida: es la expresión más extrema de la violencia estructural contra las mujeres y la negación de su derecho a vivir libres de violencia.”
En el caso de este amparo se trada de una sentencia contra un feminicida que fue detenido en 2013 en Oaxaca tras asesinar a su pareja con un cuchillo y posteriormente fue condenado por el delito de feminicidio agravado, con una pena de 74 años, tres meses y siete días de prisión. Era la primera vez que en Oaxaca se juzgaba un delito como feminicidio, recuerda el magistrado Moisés Molina.
Durante los últimos años, autoridades estatales han informado sobre un incremento en las sentencias condenatorias por feminicidio, incluyendo casos que han derivado en penas superiores a los 60 años de prisión. De acuerdo con el Observatorio de Violencia Feminicida de GESMujer, durante la actual administración estatal se han registrado 324 asesinatos violentos de niñas y mujeres, 35 de ellos en lo que va del año.
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