Tras casi seis años de juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a 17 comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, al determinar que autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas ante indicios de glifosato y otros plaguicidas en acuíferos de la región.
Ante las violaciones identificadas, «las autoridades ambientales deberán implementar diversas medidas, como garantizar agua limpia para las comunidades, y realizar un monitoreo permanente y sistemático de plaguicidas», ordena la Corte.
El fallo reconoció que, bajo una perspectiva intercultural, el agua de esos acuíferos está ligada a la cosmología, vida y continuidad de los pueblos mayas. Por ello, su posible contaminación no sólo representa un riesgo ambiental y para la salud, sino una afectación a sus derechos colectivos.
El uso intensivo de agroquímicos y plaguicidas en unas 90 mil hectáreas de cultivos mecanizados e industrializados de Holpechén contamina el suelo, el aire y el manto freático. A causa de la agroindustria, Hopelchén perdió 221,000 hectáreas de cobertura arbórea sólo en las últimas dos décadas.
En el territorio indígena de Holpechén, empresarios agrícolas y alrededor de 20 colonias menonitas incentivan un esquema de producción intensiva y extensiva que atenta con la supervivencia de los pueblos mayas y mantiene en situación de catástrofe a todos los ecosistemas de la región.
La sentencia constituye «un hecho fundamental para las comunidades mayas de Hopelchén, quienes han transitado un sinuoso camino legal de varios años para exigir protección y justicia en un contexto de presencia y exposición a residuos de diversos plaguicidas clasificados como altamente peligrosos», afirman el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), en su boletín de prensa.
Apenas en marzo, durante una reunión de trabajo en la región de los Chenes, señalaron al relator especial de la ONU, Marco A. Orellana, que empresas agroindustriales y asentamientos menonitas realizan fumigaciones aéreas con avionetas y drones, utilizando sustancias como fipronil y neonicotinoides, pese a que están prohibidas en otros países y existen suspensiones judiciales, sin que autoridades mexicanas actúen de manera efectiva. Estos agrotóxicos causan afectaciones graves a la biodiversidad y a la apicultura, con la muerte masiva de abejas y daños a las familias.
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