La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la reforma a la Ley Minera de 2023 en materia de concesiones y prórrogas al negar amparos interpuestos por una persona física y una empresa por supuestas violaciones al proceso legislativo.
En uno de los amparos, se argumentó que se había vulnerado el derecho de igualdad, al considerar que la reforma dio trato preferencial a las instituciones del Gobierno federal por encima de los particulares, sin embargo, la nueva corte avaló la reducción de las prórrogas y concesiones.
Lenia Batres Guadarrama expuso que “al reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras de 50 años a 30 años la vigencia de la concesión y de 50 a 25 años la prórroga, además del por qué considera que se favorece la figura de la asignación de las dependencias de gobierno, por encima de los particulares y empresas privadas”.
Sobre el principio de irretroactividad —que prohíbe que una ley nueva se aplique a situaciones o hechos jurídicos que ocurrieron antes de su entrada en vigor, si dicha aplicación resulta en un perjuicio para una persona—, la Corte concluyó que no hubo tal violación, porque no había derechos adquiridos por parte de las personas quejosas. La ministra Loretta Ortiz Ahlf agregó que no se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, pues las concesiones son exclusivamente para particulares puedan hacer el aprovechamiento momentáneo de recursos con permiso del Estado.
Cabe recordar que en 2021, el entonces presidente AMLO aseguró que no se otorgarán nuevas concesiones para la exploración de yacimientos y critico el acaparamiento de agua y la contaminación y que causan empresas mexicanas y extranjeras del sector. Finalmente, en 2023 se logró la aprobación de una nueva Ley Minera que fue un tímido avance para los pueblos y el medio ambiente.
En el sexenio de Sheinbaum, representantes de la industria minera ven avances para su negocio, afirmando que a la fecha se han otorgado al menos 27 nuevos permisos. Por su parte, el colectivo Cambiémosla Ya advirtió en junio que la política minera implementada durante el actual sexenio representa un retroceso para los derechos de las comunidades, en relación con el sexenio anterior. Falta por definir el reglamento que va a regir la nueva Ley Minera. La Cámara Minera de México (Camimex) afirmó abiertamente que trabaja de la mano del gobierno para el desarrollo de este reglamento.
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