La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la demanda de amparo en la que se exige al gobierno federal emitir la declaratoria de zona de monumento arqueológico para el sitio sagrado de Guiengola, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Con esta declaratoria se busca que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se ejerzan acciones para su protección y conservación.
Mariana Yañez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena (organización que promovió la demanda de amparo), explicó que Guiengola es un centro ceremonial y zona arqueológica zapoteca que permanece sin el decreto declaratorio, lo que la deja en una condición de vulnerabilidad extrema.
Además, advirtió que la ausencia de reconocimiento legal ha facilitado invasiones, saqueos y el deterioro progresivo de un sitio que no sólo tiene valor histórico, sino que forma parte de la memoria viva de las comunidades que lo rodean.
“El Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado de la protección del patrimonio arqueológico, ha sido incapaz de garantizar la conservación efectiva de múltiples zonas en el país. La falta de declaratorias oficiales, sumada a la escasez de recursos y a una política errática, ha derivado en la pérdida irreversible de sitios arqueológicos. En muchos casos, estos espacios han sido invadidos o incorporados a dinámicas urbanas y económicas sin ningún tipo de regulación“, dijo.
La abogada señaló que el problema no es únicamente técnico o administrativo; es profundamente político. Durante décadas, dijo, el modelo de gestión del patrimonio ha excluido sistemáticamente a los pueblos indígenas, tratándolos como espectadores de una historia que les pertenece. “La narrativa oficial exalta las civilizaciones originarias del pasado, pero ignora a sus descendientes contemporáneos”.
Y puntualizó que la situación alcanza niveles alarmantes incluso en sitios emblemáticos como Teotihuacán, donde recientemente la violencia se hizo presente. “La muerte en las inmediaciones de una de las zonas arqueológicas más importantes del país no sólo refleja la crisis de seguridad, sino también el abandono institucional que atraviesan estos espacios. Lo que debería ser un territorio de memoria y resguardo se convierte, cada vez más, en escenario de riesgo“.
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