La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión de la Ley General de Comunicación Social, un día después de que organizaciones civiles advirtieron que persisten riesgos para la libertad de expresión con el proyecto de sentencia.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf propone declarar una “omisión legislativa relativa” y ordenar al Congreso de la Unión subsanar las deficiencias, manteniendo la ley vigente. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 señalan que la propuesta es insuficiente porque no exige la creación de un órgano autónomo de control, lo que mantiene el riesgo de uso discrecional de la publicidad oficial y la “censura indirecta”.
Aunque no hicieron públicos los motivos para posponer el debate, fuentes del máximo tribunal del país refirieron que el aplazamiento se da para realizar un análisis más exhaustivo, lo que prolonga la incertidumbre jurídica sobre las reglas que deben regir el gasto en publicidad oficial.
La Suprema Corte se encuentra en la etapa final para resolver la validez de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), un ordenamiento que ha protagonizado una de las trayectorias jurídicas más accidentadas de la última década.
El conflicto se remonta a una reforma constitucional de 2014, la cual impuso al Congreso de la Unión la obligación de crear una ley que regulara el gasto en publicidad oficial para evitar el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de funcionarios.
Tras años de inacción, calificada por la Corte como una “omisión legislativa absoluta” en 2017, el Poder Legislativo finalmente expidió la ley el 11 de mayo de 2018, los últimos meses del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, apenas un mes después de su publicación, una minoría de la Cámara de Senadores, el partido Movimiento Ciudadano y la CNDH presentaron las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018 denunciando que la ley era deficiente, permitía un manejo discrecional del gasto público y funcionaba como un mecanismo de “censura indirecta” contra medios críticos.
La batalla legal se complicó aún más en 2021, cuando la Primera Sala de la Corte determinó que, aunque ya existía una ley, ésta persistía en una “omisión legislativa relativa”, al no establecer criterios claros ni procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la honradez en el gasto.
El proceso sufrió un giro inesperado con el llamado “Plan B” electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, que intentó reformar íntegramente esta ley.
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