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San Mateo del Mar, carencias y gestión comunitaria ante Covid-19

By 26 marzo, 2020 3 Comments

San Mateo del Mar es una comunidad Ikoots ubicada en el Istmo de Tehuantepec que por siglos ha habitado el territorio ubicado entre dos franjas de tierra abrazadas por el océano pacífico y la laguna superior. Este municipio del Estado de Oaxaca, con una población de más de catorce mil habitantes, tiene aproximadamente veinte años sin un sistema de agua potable funcional, esto se debe principalmente, a la falta de mantenimiento de la red instalada dentro de la población, lo cual no permite el acceso a un sistema que garantice su derecho universal al agua y al saneamiento, que fue reconocido a través de la Resolución 64/292 por la Asamblea General de la ONU en julio de 2010. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo cuarto de la Constitución.

Por años, la población se ha abastecido de los pozos de agua dulce que se mantienen de la lluvia que también alimenta y regula la salinidad de las lagunas. Estos, primero eran pozos comunales ubicados en espacios estratégicos dentro de la comunidad, como el centro o el panteón. Con el tiempo, la gente fue construyendo pozos dentro de sus solares, y cuando éstos se secaban, acudían a las viviendas vecinas para acarrear agua. Este sistema comunal se ha modificado con el tiempo. En septiembre del 2017, la comunidad sufrió el impacto de un sismo de 8.2 grados que afectó su estructura comunitaria y puso en evidencia las vulnerabilidades sociales, económicas y políticas a las que está expuesta la población, debido a la constante marginación y discriminación institucional que por años se ha traducido en una profunda desigualdad social que impacta en las y los habitantes de esta población originaria.

Una de las problemáticas principales observadas durante el sismo, y que a la fecha sigue sin resolverse, es la falta de un sistema funcional que permita el acceso al agua potable. Para atender la fase de emergencia postdesastre en 2017, CONAGUA implementó medidas que mitigaron, en lo inmediato y dieron atención a la población afectada, sin embargo, las instituciones gubernamentales responsables, no han realizado acciones que permitan perfilar una solución a largo plazo. Durante la etapa de emergencia, la falta de un sistema de alcantarillado derivó en problemas de salud para la población, debido a la fractura de las fosas sépticas provocadas por el sismo. Una de las personas de la comunidad compartió que las plantas potabilizadoras colocadas después del sismo: “sólo estuvieron dos semanas, a nadie de la comunidad capacitaron para saber usarlas, aquí estuvo el gobernador, nada más les tomaron la foto y cuando vimos, los mismos de CONAGUA se las habían llevado sin avisar”. Dadas las condiciones de la red pública de suministro de agua potable, la gente ha mantenido la forma de abastecimiento a través de los pozos tradicionales de agua. Sin embargo, en los próximos meses, y ante la inminente temporada de calor, la población Ikoots verá mermado su acceso al agua para cumplir con las recomendaciones que ha hecho la OMS (2019) respecto a la importancia de lavarse las manos con frecuencia para evitar los contagios a gran escala por el COVID- 19.

Es dentro de este contexto de omisiones institucionales que ha impactado en el nivel de vida de esta población originaria, desde el cual, el gobierno federal pretende implementar proyectos y programas de desarrollo desde la perspectiva neoliberal, como el proyecto eólico en la barra Santa Teresa, que, lejos de beneficiar a las poblaciones originarias, y además de violentar su autonomía, sus formas de autogobierno y sus derechos colectivos de acceso al territorio y a la tierra, amenaza con incrementar las profundas desigualdades sociales y las vulnerabilidades a las que están expuestas las comunidades de la zona lagunar. Es este discurso del “desarrollo social” sobre el cual el gobierno justifica las constantes explotaciones a los territorios de las comunidades, en contrasentido, lejos de reducir los márgenes de vulnerabilidad y marginación, éstos se amplían, al quitarle a las comunidades la posibilidad de acceder al desarrollo bajo sus propios términos y desde sus propios referentes, para satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda y educación.

Es ante estas omisiones institucionales que las organizaciones comunitarias se han articulado en la respuesta de la fase de emergencia por el sismo, y en este nuevo escenario de salud, dentro de la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar, la organización comunitaria Monapaküy, surgida a partir del sismo de 2017 para acompañar el proceso de recuperación postdesastre de la comunidad, en articulación con el CDH-Tepeyac, se han preocupado por implementar acciones para informar a la población respecto a las medidas para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 con carteles colocados en espacios vitales de la comunidad y con audios que reproducen en Ombeayiüts, su lengua materna, en las diferentes secciones y barrios de la cabecera municipal, se pretende mantener informada a la comunidad sobre cómo prevenir el contagio y qué hacer en caso de presentar síntomas. La importancia de elaborar contenido en lengua materna que permita informar a la comunidad, radica en que la población monolingüe de la comunidad Ikoots, representa el 98.10% según la Encuesta Intercensal del INEGI (2015). Esta organización también se ha preocupado por colaborar en la solución de problemáticas que aquejan a la comunidad, como la falta de un sistema recolector de desechos, que se ha traducido en la acumulación de basura dentro de la comunidad, se elaboraron contenedores para los residuos plásticos y se distribuyeron dentro de la comunidad. Una de las integrantes de la organización comunitaria Monapaküy compartió, la preocupación por las personas que tienen que salir a vender a Salina Cruz el camarón y el pescado, los totopos, nopales, lo que les permite mantener activa la economía local de la población. Con estas y otras acciones encaminadas a la recuperación y conservación del hábitat y la defensa del territorio, las propuestas desde las y los actores locales, como la organización comunitaria Monapaküy, tiende puentes que permiten observar acciones que impactan de manera positiva donde destaca la participación y gestión comunitaria en la mitigación de una situación de riesgo.

Como señala la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca en su alerta temprana emitida por la vulnerabilidad de pueblos indígenas y afromexicanos ante COVID-19: “el acceso a los servicios de salud puede dificultarse durante una contingencia como la actual, pues el aumento de la demanda y la debilidad en la infraestructura sanitaria hacen que las personas pertenecientes a este sector poblacional estén en doble riesgo.” (DDHPO, 2020). Esta coyuntura precisa una revisión de las causas por las cuales las poblaciones originarias no tienen acceso a un sistema de salud digno, a pesar de la constante implementación de proyectos de “desarrollo” en la zona del Istmo, las comunidades originarias no cuentan con servicios de salud, que en una situación de crisis garantice la atención a la población en riesgo.

La inminente crisis de salud actual global, precisa situar la mirada hacia lo local, hacia los sectores vulnerables de la población, como la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar. Si bien la situación a la que se nos enfrentamos requiere a las instituciones gubernamentales de todos los niveles, implementar acciones para mitigar el riesgo de una pandemia, estas acciones deben articularse no sólo desde la atención a la fase de emergencia, sino desde la reducción de las vulnerabilidades a las que está expuesta la población de las comunidades originarias marginadas desde las políticas públicas asistencialistas y de compensación social impulsadas desde el Estado. Los modelos de crecimiento económico han basado sus propuestas de “desarrollo” en la sobreexplotación de las cuencas hidrográficas, en la degradación del ambiente natural, el agotamiento del suelo y la modificación masiva de los ecosistemas naturales que rodean a las comunidades.

Esta coyuntura mundial plantea la posibilidad de cuestionarnos si es posible reducir la vulnerabilidad sin cambiar estos parámetros de explotación propuestos por el “desarrollo”, lo cual necesariamente pasa por revisar cuidadosamente las condiciones que garanticen los medios para que las poblaciones originarias, históricamente marginadas, tengan acceso a sus derechos universales y colectivos, como el derecho al agua, a la tierra y al territorio.

Astrid Paola Chavelas

Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca

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