La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes 12 de noviembre su preocupación por la polémica reforma judicial de México, que establece la elección popular de magistraturas, y afirmó que “monitoreará” su implementación para vigilar que se respete la independencia entre poderes.
El comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, opinó que la reforma judicial mexicana es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” porque el Gobierno estaría intentando “desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”. Agregó que, “un Gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”.
La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y personal del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el respaldo de la nueva mandataria, Claudia Sheinbaum.
El Gobierno mexicano sostiene que la ciudadanía debe poder elegir a las magistraturas y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso. Sin embargo, el personal judicial denunció la intromisión del Ejecutivo en la Justicia, pues el oficialismo impulsará a sus candidaturas para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025.
“La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, aseguró Andrea Pochak, relatora del organismo para México, tras escuchar las versiones tanto de los grupos demandantes como del Gobierno. La relatora dijo que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos” como la meritocracia y evitar la injerencia de otros poderes. Explicó además que reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial”.
Pochak afirmó que la CIDH seguirá “monitoreando” la implementación de la reforma, a la vez que se comprometió a mantener un “diálogo permanente con el Estado” porque México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos.
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