Este sábado 18 de enero los cuerpos del niño de 6 años Wilbert Daniel y su hermana de 9 años Perla, fueron encontrados sin vida cerca del canal 33 en el tramo Espinal-Juchitán. Ambos eran conocidos en la zona por dedicarse a la venta de chicharrines en los bares y restaurantes de la ciudad de Juchitán Oaxaca.
Una gran conmoción e indignación invadió la ciudad de Juchitán donde elementos de la policía de investigaciones se dieron lugar para comenzar las investigaciones necesarias y encontrar a los responsables. El día de ayer con un homenaje y la presencia de sus compañeros y compañeras de clases, personal docente, vecinos, amigos y familiares se dieron cita en la casa de Perla y Daniel para despedirlos con música infantil, aplausos y sobre todo la exigencia de justicia para los hermanitos. Hasta el momento la fiscalía de Oaxaca ha declarado que Perla y Daniela fueron asfixiados. Aunado a ello, la indignación crece pues hay versiones donde se dice que eran explotados laboralmente y vivían maltrato por sus familiares, quienes lo han negado. El padre de ambos infantes fue arrestado por su “probable” responsabilidad ante estos hechos.
Diversos colectivos y organizaciones entre ellas La Red Interinstitucional para la Prevención y Atención a Casos de Violencia Familia y Sexual en la región del Istmo de Tehuantepec condenó enérgicamente que niños y niñas sean privados de la vida, y exigió justicia para Perla y Wilbert Daniel.
Pero ¿Quién protege a la niñez en este país azotado por la violencia, la pobreza, la marginación? Según datos de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2022 fueron asesinados 32 niñas, niños y adolescentes, 17 de ellos eran del sexo masculino y 18 del sexo femenino; además 24 fueron asesinados con armas de fuego. En México no hay capacidad para dar respuesta y brindar servicios de atención a la violencia sexual, desaparición y violación a los derechos cometida contra niñas, niños y adolescentes, señaló REDIM. Al mismo tiempo exigen al Estado mexicano y a sus autoridades para que se implementen medidas de acción efectivas que eliminen el rezago en el acceso a los derechos en la población infantil y adolescente indígena y afrodescendiente”.
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