Repudiado por diversos frentes, principalmente de la academia y comunidades indígenas, y sin una ley que lo ampare, el Protocolo de Nagoya, al cual se adhirió México en 2012, ha logrado dar pasos agigantados sin que ninguna institución pueda dar cuenta pública de ello. Causa de ese repudio es que las instituciones reconocieron infinidad de patrimonio biocultural en zonas donde las empresas han generado desastres ambientales. Ahora, con el cambio de administración, la situación es igual y las autoridades son incapaces de explicar para qué sostener un programa internacional pagado con recursos públicos que pretende “indexar” todo el material biogenético del país. Cabe mencionar que los mayores registros de diversidad biológica, que aparecen en el mapa en el que colectaron la información del Protocolo de Nagoya, se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Tabasco. No obstante, la industria ahí localizada no ha contribuido con la ciudadanía a proteger el banco biológico de la región, pese a que se encuentra estipulado y normado por el protocolo, afirma PODER en su investigación sobre este protocolo. Leer la investigación completa:
Protocolo de Nagoya: El tratado medioambiental que se levantó sin ley. Más información: Se vende la biodiversidad en América Latina. Descargar Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Que Se Deriven de Su Utilización (pdf, 16 pág.).
