En la carretera costera de Michoacán, a la altura del municipio de Aquila, dos profesores y dos integrantes del consejo comunal de Pómaro fueron baleados ayer por un grupo armado, lo que dejó un saldo de tres personas muertas y una mujer lesionada.
Tras el atentado, la comunidad nahua de Pómaro, responsabilizó al presidente municipal José María Valencia Guillén (PVEM) “por la muerte cobarde” de Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y de Gerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad, asesinados este jueves en un ataque directo contra el comisariado de bienes comunales, que no se encontraba en el vehículo.
En el mismo hecho perdió la vida un profesor originario de la Meseta Purépecha, mientras que una docente resultó gravemente herida. Ambos habían llegado apenas dos días antes a la región para desempeñar labores educativas. La Secretaría de Organización del Sector IX de Educación Indígena calificó los hechos como un atentado contra la vida y la dignidad de los pueblos indígenas, por lo que llamó a una movilización inmediata en señal de protesta y exigencia de justicia. Por su parte, habitantes de Pómaro incendiaron dos vehículos y bloquearon la carretera costera Lázaro Cárdenas Colima, a unos kilómetros de la comunidad nahua de Colola, para exigir justicia.
La comunidad vinculó el ataque contra sus pobladores con el proceso legal que iniciaron hace meses para transitar al autogobierno y ejercer su derecho al presupuesto directo. Desde entonces, señaló, “comenzaron las amenazas en contra de nuestras autoridades comunales y civiles”, de las que también hizo responsable intelectual a Valencia Guillén, “a quien no le conviene que los recursos que por ley corresponden a Pómaro sean administrados directamente por la comunidad”. Horas antes del atentado, la comunidad convocó a una asamblea el próximo domingo para tratar el único tema del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISPIAM).
Durante el mes de mayo se registraron una serie de ataques armados contra comunidades indígenas en Michoacán, como son Acachuén, Sevina, Ostula y ahora Pómaro. En entrevista con desinformémonos , Carlos González García, abogado especialista en derecho agrario, deshila la actual embestida criminal contra los pueblos originarios. “Los ataques a comunidades en las últimas semanas han sido muy brutales, en algunos casos no vistos antes”, advierte el también integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI). Y vislumbra tres escenarios: que el Estado proteja a las comunidades y desarticule a los grupos criminales; que las comunidades sean masacradas. O que se levanten.
