En Oaxaca, desde hace más de veinte años, se vienen impulsando profundas reformas legales en materia de pueblos y comunidades indígenas. Estas reformas han colocado a la entidad a la vanguardia en elaboración de leyes que garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México.
Dentro de estas importantes reformas se encuentra: el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica y lingüística en nuestro estado; la consolidación de los sistemas normativos internos en la elección de las autoridades municipales; la creación de instituciones como la Procuraduría para la Defensa del Indígena; la incorporación a la Constitución Local de figuras de participación ciudadana y deliberación política como el Tequio y la Asamblea. Todas estas, entre otras reformas, han logrado afianzar un marco jurídico favorable a las poblaciones indígenas.
Desafortunadamente estos cambios legales no se han traducido en un beneficio social directo para los pueblos, pues aun persisten en las comunidades de Oaxaca condiciones de pobreza y exclusión que, en muchos casos, obligan a emigrar a comunidades enteras en búsqueda de mejores oportunidades económicas.
Así también se observa un trato discriminatorio en el terreno cultural que se manifiesta en políticas de educación, salud y programas sociales, que la mayoría de las veces estandariza los criterios de su aplicación y no contemplan las características propias de las comunidades y pueblos indígenas.
En los últimos años los pueblos indígenas han sufrido los embates de políticas de apertura a la inversión económica que amenazan gravemente su cultura, territorios y recursos naturales. La respuesta del Estado a esta serie de agravios no sólo ha sido nula, sino que su actuar ha favorecido a las empresas privadas, que promueven el saqueo de recursos y riqueza de los territorios, en detrimento de los pueblos y comunidades.
En este contexto, y a raíz del arribo de un gobierno de alternancia, la Secretaría de Asuntos Indígenas, ha iniciado un proceso de Reforma Constitucional en materia de Pueblos Indígenas. Este proceso ha consistido en foros regionales y reuniones de expertos para plantear los aspectos fundamentales que habría de considerar la reforma.
Como organización civil reconocemos los esfuerzos institucionales por construir un marco jurídico acorde a la realidad actual. En el afán de avanzar hacia una efectiva Reforma Constitucional donde las organizaciones, pueblos y comunidades se conviertan en sujetos del cambio social, exponemos lo siguiente:
1.- Es fundamental que en una Reforma Constitucional en materia de Pueblos Indígenas, como la que se pretende, sea la propia voz de los pueblos y comunidades la que se consulte, exprese y plantee los contenidos y orientaciones de los cambios constitucionales a realizar. Los Foros Regionales efectuados a la fecha, deben de considerarse sólo una etapa de un proceso mucho más amplio de escucha y consulta, bajo una metodología adecuada, a los pueblos indígenas.
2.- Existe una agenda amplia en materia de derechos de los pueblos indígenas, sólo por mencionar algunos temas: Procuración de justicia; derechos territoriales; educación intercultural; comunicación y cultura; cuarto ámbito de gobierno; representación política, entre otros temas. Considerando que esta agenda abarca temas de orden estatal y federal, la reforma en mención tendrá que definir orientaciones para un mediano y largo plazo, así como delinear las transformaciones que se necesitan en la legislación federal.
3.- Para esto se requiere que el Ejecutivo Estatal asegure un compromiso con los diputados federales, a fin de impulsar cambios en la legislación federal en materia de derechos indígenas. Estas reformas a nivel federal, además de considerar los convenios y tratados internacionales, tendrán que responder al interés de los pueblos y comunidades del país que padecen situaciones de marginación social y discriminación.
4.- Un riesgo mayor que se puede apreciar en este momento es que la Reforma Constitucional sea la punta de lanza para impulsar reformas encaminadas a propiciar la entrega de los recursos naturales, de las poblaciones indígenas, a las compañías y corporaciones trasnacionales. El actual gobierno estatal ha manejado un discurso ambiguo y contradictorio en cuanto al respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la promoción de la inversión privada. No hay duda que en el discurso destaca lo primero, pero en la práctica hay mucho mayor interés por la inversión en el estado. Ejemplo de ello es la explotación minera, la infraestructura carretera y los parques eólicos, entre otros proyectos contenidos en el Plan Territorial de Infraestructura en Oaxaca, conocido también como Plan Platino.
5.- La Reforma Constitucional tendrá que garantizar el mejoramiento de las condiciones de bienestar y prosperidad para los pueblos indígenas. Lo que se ha llamado en otros países “el buen vivir”. La relación de los indígenas con sus territorios y bienes comunes tendrá que asegurarse en las modificaciones constitucionales. No es posible que se sigan impulsando supuestas “reformas de gran calado” cuando los pueblos enfrentan procesos de empobrecimiento y exclusión social.
6.- En esta reforma se necesita la participación de instancias ciudadanas autónomas para vigilar el cumplimiento de la misma. Así como la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana en el proceso legislativo. Pero, en especial, será fundamental la participación del movimiento social como garante de todo proceso de construcción de leyes.
En la Reforma Constitucional los pueblos indígenas tendrán que ser actores y protagonistas claves de la transformación de Oaxaca.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10 de Octubre de 2012.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
