La reciente sentencia absolutaria y liberación de Israel Vallarta Cisneros, luego de pasar casi 20 años en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ha ocupado los titulares de la prensa nacional. Al cierre de esta integración de la Suprema Corte le corresponde abordar de fondo la figura de la prisión preventiva oficiosa, en aras de garantizar los derechos de miles de personas privadas de la libertad sin una sentencia, afirma el Centro ProDH.
El proyecto de la ministra Ríos Farjat reconoce que la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) es inconvencional, por lo que propone que, al interpretar esta figura de manera conforme con los derechos protegidos en los tratados internacionales, la persona juzgadora no impondrá automáticamente la medida, sino que abrirá al debate su imposición en los casos que prevé la Constitución, haciendo un análisis adecuado caso por caso. El proyecto recoge adecuadamente los estándares internacionales, incluyendo los derivados de casos como el de Mujeres víctimas de Tortura Sexual en Atenco, y el caso García Rodríguez vs. México .
En entrevista con Pie de Página, el abogado David Peña evalúa lo que significa la liberación de Israel Vallarta y explica qué tipo de salvaguardas deberían existir para no repetir un caso como este. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizó que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a los derechos humanos, pues no se puede enviar a todas las personas a prisión preventiva, ya que se tiene que hacer un análisis caso por caso.
Por su parte, Cimacnoticias afirma que es necesario visibilizar que en el país hay 39 mil 608 mujeres quienes no tienen una sentencia y se encuentran privadas de su libertad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, los casos de detención preventiva subieron exponencialmente durante el sexenio pasado.
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