El Senado de México concretó este jueves, la reforma constitucional que amplía los delitos por los que una persona puede permanecer arrestada sin cargos formales, con base solamente en las averiguaciones previas que hagan “probable” su responsabilidad. Se trata de la prisión preventiva, para su promulgación deberá ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales de México.
Esta reforma al artículo 19 de la Constitución fue aprobada en lo general por 94 votos a favor de integrantes principalmente de la coalición de Morena y sus aliados, frente a 34 votos que resultaron insuficientes de los partidos de oposición. Por lo que se añade al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, la producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, además del contrabando y “cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos”.
El congreso de Oaxaca, tabasco, Sinaloa y Zacatecas fueron los primeros en aprobar dicha reforma, con la cuál se amplía el catálogo de delitos en los que amerita esta medida cautelar.
La Corte Suprema de México indica que el plazo máximo que una persona puede permanecer detenida sin haber recibido sentencia no puede rebasar los dos años. Sin embargo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), para el cierre de 2023 había 233.777 personas en prisión, de las cuales 37,3% permanece detenida sin que se le haya dictado sentencia.
En ese sentido la organización Human Rights Watch (HRW) consideró este jueves decepcionante que México amplíe el uso de la prisión preventiva, ignorando sentencias de la Corte Interamericana y señaló que la decisión viola principios básicos de derechos humanos, y doblemente el de las personas, racializadas, inidgenas y precarozadas.
“La prisión preventiva tiene un papel importante en el proceso penal cuando existe riesgo de fuga o interferencia de la persona acusada (…) Aplicarla automáticamente a todas las personas acusadas de ciertos delitos no ha reducido la violencia ni la impunidad. Al contrario, ha incrementado el número de personas encarceladas sin sentencia, afectando en particular a las más pobres”, dijo a CNN Tyler Mattiace, investigador de HRW en México.
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