Doce organizaciones civiles presentaron los hallazgos preliminares tras la realización de la Misión Civil de Observación los días 20, 21 y 22 de mayo en la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Municipio de Villa Guerrero en el estado de Jalisco, donde documentaron una serie de agresiones como “amenazas, criminalización, racismo y discriminación, pero también la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltan” señalaron.
Las organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) ofrecieron una conferencia de prensa de cierre de su Misión Civil de Observación, celebrada este 23 de mayo en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO, en Guadalajara.
“La Misión pudo documentar múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que no requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo, sin embargo, en San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión para inscribirse a programas sociales, incluirlos en políticas públicas, reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio, como el proceso de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se realizará el próximo lunes 25 de mayo en el que se solicita que se realice en la Casa Comunal en donde la comunidad desarrolla sus procesos de deliberación y toma de decisiones colectivas” denunciaron.
La comunidad tiene formalmente un reclamo ante el Estado mexicano desde 1951, solicitando el reconocimiento sobre su territorio ancestral, sin embargo, fue en 2013 cuando comienzan a reorganizarse, reafirman su autonomía y libre determinación, presentando nuevamente el reclamo por el reconocimiento de sus bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito XVI en 2015. Desde entonces se intensificaron las situaciones de despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio y la lamentable situación del 26 de noviembre de 2025, donde fue asesinado el Representante Agrario Marcos Aguilar Rojas.
La misión también identificó impactos psicosociales debido a la situación sostenida de injusticia e impunidad que mantiene a Azqueltán en un contexto de riesgo sostenido al menos desde 2018 con el secuestro del defensor comunitario Catarino Aguilar. “Al tratarse de una comunidad indígena los impactos son colectivos, es decir que afectan a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como el espacio de coexistencia de todos los seres vivos, incluida la tierra como bien común y colectivo”.
El resultado, señalan las organizaciones “ha mostrado con claridad no sólo la urgencia atender con fuerza la resolución del caso y contener la violencia, sino de atender las causas profundas de esta situación de injusticia y de hacer valer el estado de derecho, incluidas desde luego las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en el país”.
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