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La Minuta

Policía municipal de la zona metropolitana de Oaxaca lidera quejas por violaciones a derechos humanos: EDUCA

Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal, tienen las corporaciones policiales más señaladas por violaciones a Derechos Humanos. Únicamente estas tres concentran el 43% del total de quejas abiertas ante la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca durante el 2025.

Marcos Leyva Madrid fundador y director de Servicios para una Educación Alternativa EDUCA Oaxaca, señaló que las corporaciones municipales antes mencionadas acumulan la mayor cantidad de quejas debido a su densidad poblacional que conlleva una serie de dinámicas en términos de presencia del crimen organizado, de lugares de “diversión” no regulados y que de alguna u otra manera hace pensar para la policía en una posibilidad de hacerse de dinero con mordidas y extorsiones.

Las cifras, agregó, además sustentan el temor real que experimenta la ciudadanía ante quienes tendrían que garantizar su seguridad.

Vínculos con el crimen organizado, falta de capacitación y omisión hacia los protocolos de actuación, son algunos de los factores de su inadecuada actuación; aunque también intervienen factores como salarios bajos falta de capacitación y de prestaciones sociales.

En uno de los episodios más recientes de violaciones a derechos humanos, la policía municipal de San Pablo Etla, llevó desnuda por varias calles a una mujer que iba a ser hinchada por habitantes que la acusaban de robo. Esta acción puso en entredicho la labor de los uniformados.

De acuerdo con información proporcionada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de las 97 quejas contra policía municipales 23 son contra Oaxaca de Juárez, 13 contra Santa Lucía del Camino y seis contra San Antonio de la Cal, le sigue Salina Cruz y Tehuantepec con cuatro y Matías Romero y Juchitán con tres cada uno. “Hay una responsabilidad de los cuerpos policiacos, pero no olvidemos que en esta cadena de mando también están los gobiernos municipal y estatal”, señaló el activista.

Por otra parte, la presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, Rosario Martínez Miguel señaló que el gobierno de Oaxaca avaló la violencia institucional contra una mujer al justificar que policías municipales de San Pablo Etla y estatales permitieran que fuera desnudada y exhibida públicamente por pobladores de Hacienda Blanca, acusada de presuntos delitos. La organización feminista criticó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, por defender la omisión policiaca bajo el argumento de que se trató de una situación “crítica” en la que se priorizó la vida.

Martínez advirtió que esta postura revela una profunda falla institucional y normaliza la violencia institucional. “Minimizar lo ocurrido es avalar la humillación como castigo público, y eso es inaceptable”, señaló.

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