A pesar de que el pasado 28 de agosto, el poder judicial de Chiapas canceló la sentencia que condenaba a 25 años de presión a cinco defensores indígenas de San Juan Cancuc, acusados por el delito de homicidio en un proceso anómalo, siguen en prisión.
Jorge Gomez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), dijo que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto, donde se exhibieron con pruebas las “violaciones cometidas” durante el proceso “de fabricación de culpables”, como ejemplo; la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias, explicó Jorge Gómez.
“Lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. En entrevista con el Portal de noticias Avispa Midia, el abogado dijo que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.
Además agregó que el Estado debió garantizar una adecuada traducción de su lengua en el proceso legal, un derecho que no se consideró y que ahora los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia.
El Frayba aseguró que el encarcelamiento injusto de estos defensores es un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas, pues así como el caso de los cinco defensores de Cancuc, el centro de derecho humanos busca justicia para Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió. “No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables”.
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