Abandono de ceremonias, falta de protección legal y de presupuesto, así como pobreza, violencia y daño ambiental oscurecen la aplicación del Plan de Justicia de los pueblos wixárika, na’ayeri y o’dam, que tienen como hábitat los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, emprendido por el gobierno mexicano. Así consta en el documento “Sistematización de propuestas. Plan de Justicia de los pueblos wixárica, na’ayeri y o’dam”, elaborado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), consultado por el Servicio Internacional de Prensa IPS y dentro de los miles de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional que el hacktivista Grupo Guacamaya divulgó en septiembre pasado.
El diagnóstico, fechado en julio de 2022 y de 102 páginas de extensión, identifica insuficiente coordinación y comunicación entre las autoridades del pueblo wixárika para la realización de ofrendas en los lugares sagrados y del pueblo na’ayeri para el manejo, protección y conservación de sus lugares sagrados, así como deterioro y dificultades para el uso de los lugares sagrados y del patrimonio material e inmaterial de los tres grupos por falta de protección física y legal.
En México, los planes de Justicia para los pueblos indígenas se establecieron en 2021 por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un mecanismo para identificar y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de sus comunidades, incluido el punto de los sitios sagrados, entre otros muchos.
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