Organizaciones de Derechos Humanos pidieron que los 3.7 millones de euros (alrededor de 73 millones de pesos) pagados por el fabricante de armas Heckler & Koch al Estado alemán por la exportación ilegal de fusiles G36 a México contribuya a mecanismos de reparación social para víctimas y comunidades afectadas, entre ellas las del caso Ayotzinapa.
Pese a que Alemania prohibía exportar armas a Guerrero por la sistemática violación de derechos humanos, 99 fusiles G36 de Heckler & Koch estaban en manos de la policía local y al menos tres fueron disparados aquella noche del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Tras ratificarse una sentencia judicial penal, apenas en mayo de 2026 la empresa armamentística hizo efectivo el pago de multa de 3.7 millones de euros al Estado alemán. Esta cantidad corresponde a la confiscación de las ganancias obtenidas por la venta ilegal de más de 4,200 fusiles de asalto a zonas de conflicto en México entre 2006 y 2009.
Legalmente, los fondos de las multas y confiscaciones penales ingresan directamente a las arcas públicas del estado de Baden-Wurtemberg (a través del Tribunal Regional de Stuttgart). La sentencia original no obliga de manera explícita a indemnizar a las víctimas mexicanas.
Sin embargo, el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg (donde se ubica la sede de la empresa armamentística Heckler & Koch) se encuentra bajo una fuerte presión política y social por parte de organizaciones de derechos humanos alemanas y mexicanas para utilizar los fondos incautados a la empresa armamentística en la reparación de los daños causados por las exportaciones ilegales de fusiles G36 a México.
Entre los firmantes de la carta abierta al estado federado alemán de Baden-Wurtemberg se encuentran las organizaciones de derechos humanos mexicanas Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, entre otras.
Cabe recordar que durante los juicios en Stuttgart surgieron pruebas de que altos mandos de la Sedena, como el general en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (exdirector de la Dirección de Comercialización de Armamento), recibieron sobornos de Heckler & Koch para certificar y coordinar la entrega final a las policías de los estados prohibidos para la exportación por la legislación alemana. Mientras Alemania condenó a la empresa Heckler & Koch y a sus empleados por exportación ilegal de armas, en México no se han investigado los militares corruptos que participaron de esta red de comercio ilícito.
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