Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el día de ayer 25de noviembre el Informe de la Misión Civil de Observación sobre los impactos del Tren Maya; documento en el que se exponen el conjunto de afectaciones generadas por esta obra a nivel social y ambiental, específicamente de los tramos 5, 6 y 7, que involucra a los estados de Quintana Roo y Campeche.
Dicho informe es resultado de un recorrido realizado en abril pasado por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, y personas investigadoras académicas para documentar de manera directa las transformaciones en los territorios de comunidades indígenas y locales por la construcción y operación del megaproyecto ferroviario. Con indignación y tristeza, habitantes de los territorios visitados señalaron la opacidad e impunidad en el actuar de empresas constructoras y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a las afectaciones socioambientales provocadas por la obra que sigue en expansión.
El Tren Maya fue uno de los megaproyectos prioritarios de la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Durante su construcción, además de saltarse las leyes ambientales, hubo conflictos sociales, problemas de contaminación y sobrecostes. Con un presupuesto programado de 150.000 millones de pesos, finalmente superó los 500.000 millones de pesos. Mientras los primeros tramos fueron construidos por empresas civiles, al ver que estas no iban a poder acabar en los plazos políticos, López Obrador encargó a los militares los tramos 5, 6 y 7.
Otro de los puntos críticos que presenta el informe es el incremento de violencias criminales e institucionales. En los tramos del sur, donde antes predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo, arrecian las violencias vinculadas a la expansión de economías ilegales. Las disputas criminales, antes concentradas en polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hoy alcanzan los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La ocupación militar ha incrementado la percepción de inseguridad e impunidad, explican las organizaciones.
En el aspecto ecológico denuncian que la construcción del megaproyecto, así como las obras paralelas impulsadas, han generado una extendida e irreversible degradación ambiental: deforestación de más de 11.000 has de selva, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida de hábitat de especies emblemáticas ya son visibles en los tres tramos evaluados sin que se haya realizado ninguna acción de mitigación.
Las organizaciones convocantes demandan a las autoridades federales asumir con urgencia las responsabilidades ambientales, sociales y jurídicas derivadas de la construcción y operación del Tren Maya, incluyendo el nuevo tren de carga; y exhortaron a garantizar la protección de la Selva Maya, del acuífero peninsular y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales. El informe completo se encuentra disponible para consulta pública en la página web de las organizaciones participantes en la Misión Civil de Observación.
Informe Los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, marcados por el despojo a comunidades, militarización y ecocidio: organizaciones | Boletín de Prensa Organizaciones presentan informe que documenta militarización, ecocidio y despojo en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya
