Mediante una carta dirigida a la ministra Norma Piña, organizaciones y habitantes de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán denunciaron las constantes irregularidades en el proceso judicial de su caso por lo que han exhortado a este poder, impedir el despojo de su tierras y el reconocimiento de la misma.
Desde 2004, la comunidad nahua de Santa María Ostula mantiene una pelea en los tribunales: exigen que el Estado mexicano reconozca las 2 mil 760 hectáreas que «pequeños propietarios» pretenden arrebatarles. La pelea, sin embargo, se encuentra en un limbo jurídico, pues desde ese año las autoridades judiciales han emitido resoluciones desfavorables para la comunidad.
El último momento de esta batalla ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la comunidad decidió interponer el último recurso jurídico posible para salvaguardar su territorio: un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán. Sin embargo la comunidad ha documentado “persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio”.
En ese sentido diversas organizaciones, entre ellas Front Line Defenders y el el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señalaron en la carta “desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial”, además de la negativa a la comunidad de contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales, entre otras.
Las organizaciones denuncian que si el fallo en contra de la comunidad es desfavorable afectaría los derechos a la libre determinación, la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos, todos relacionados entre sí. Acusan que “la violación a uno de ellos, implica la vulneración del resto”.
Y concluyeron “Esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación”, destacaron las organizaciones, que llamaron a los magistrados a impartir justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad.
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