Con una carta dirigida al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, organizaciones de la sociedad civil exigieron que la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos se realice mediante un proceso público y transparente. A continuación, un extracto de la carta:
“Es de conocimiento público que la Dra. Sara Irene Herrerías Guerra fue electa como ministra de la SCJN, por lo que ha dejado su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Esta posición es pieza clave para atender el problema de impunidad en torno a aquellas violaciones de derechos humanos que constituyen delitos, tales como desaparición forzada, tortura y otros delitos cometidos en contra de sectores vulnerables como personas migrantes, periodistas, defensoras de derechos humanos, pertenecientes a pueblos indígenas, entre otros”.
“En este sentido, solicitamos respetuosamente que el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos sea efectuado con base en una convocatoria pública y abierta en la que exista un escrutinio con participación de la sociedad, y que la decisión final sea adoptada con base en una metodología definida previamente, a fin de asegurar que la persona que asuma tan importante responsabilidad sea la más idónea”.
“La ciudadanía tiene el derecho de participar en este proceso aportando información que contribuya a orientar la decisión del titular de la FGR en la designación. Para que este derecho sea realmente ejercitable, es indispensable que exista un procedimiento formal, transparente y participativo, que contemple los mecanismos adecuados para recibir, valorar y tomar en cuenta dichas contribuciones”.
“La participación de la sociedad en el proceso de designación resulta particularmente importante si partimos de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos fue concebida como una institución orientada a garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el ámbito de la procuración de justicia. Su mandato implica investigar estos hechos con enfoques especializados y diferenciales, lo cual es crucial para enfrentar la profunda crisis de impunidad que persiste en el país, y que adquiere particular gravedad tratándose de violaciones a derechos humanos, por lo que este órgano requiere de una comunicación constante con las víctimas y la sociedad civil en general”.
Dentro de las organizaciones demandantes está FUNDAR, Artículo 19, la Red TDT, MexFam, Incide Social, Mujeres Libres, entre otras.
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