En un escenario de mayor vulnerabilidad para los pueblos indígenas en Argentina, las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas sobre la Ruta Nacional 40 en Villa La Angostura, Neuquén, difundieron este miércoles una alerta pública ante el avance del operativo de desalojo ordenado por la Justicia neuquina, y que, de acuerdo con la Confederación Mapuche de Neuquén, incluyó el ingreso de fuerzas del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), golpes contra integrantes de las comunidades y cortes de cadenas para ingresar a los espacios donde las familias resguardaban sus casas y territorio. La organización convocó a una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno y exigió el cese de la represión.
En un comunicado, la organización afirmó que el desalojo fue resultado de una disputa de tierras con una familia de origen belga : “Decenas de familias mapuche del Lof Kinxikew y Lof Melo han sido expulsado de sus tierras, que desde tiempo inmemorial los cobijó. Una artimaña legal de una familia Belga apellidada Broers, un juez ligado su familia dueño de Inmobiliaria Buonorino, y un gobierno provincial dispuesto a prestar las fuerzas represivas concretaron un nuevo despojo de tierras mapuche, apuntaron”
El operativo generó fuertes críticas contra los jueces que habilitaron la medida, contra las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento y contra el Gobierno de Javier Milei, al que organizaciones indígenas y de derechos humanos responsabilizan por haber profundizado un escenario de mayor vulnerabilidad para las comunidades. El caso, además, se produce en un contexto de desalojos, conflictos territoriales y episodios de represión que también tuvieron como escenario a Jujuy y Misiones.
Señalan una combinación de factores: derogación de herramientas de protección territorial, avance de causas judiciales, desalojos, utilización de fuerzas de seguridad y falta de reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria. A esto se suma el discurso del Gobierno nacional sobre algunas organizaciones mapuche. En 2025, por ejemplo, el Gobierno declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista y vinculó al grupo con incendios en la Patagonia, una acusación que fue cuestionada por organizaciones mapuche y que, según reportes periodísticos, no estaba respaldada por pruebas judiciales concretas.
Para las comunidades, este tipo de discursos contribuye a instalar una mirada de sospecha sobre el conjunto del pueblo mapuche y puede favorecer un escenario de mayor criminalización de los reclamos territoriales.
En el comunicado, exigen “dejar sin efecto de inmediato la orden de desalojo. Que las autoridades provinciales y judiciales garanticen una salida a través del diálogo. Respeto pleno a los derechos territoriales, culturales y colectivos del Pueblo Mapuche”, al tiempo que convican “a organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, religiosas, de derechos humanos y a toda la sociedad neuquina a expresar su solidaridad y acompañamiento”.
En paralelo, organizaciones como el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) habían solicitado días atrás la suspensión del desalojo y la apertura de una instancia de diálogo, argumentando que para las comunidades indígenas la tierra es “el espacio donde se desarrolla su vida, su cultura, su memoria y su futuro”. “El camino no es la violencia de la expulsión, sino el encuentro fraterno”, sostuvieron.
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