En medio del absoluto silencio de autoridades locales, federales y estatales, la Red de mujeres Ejidatarias y Comuneras del estado de Oaxaca, expresó su repudio ante el cobarde asesinato “de quien defendía sus derechos y protegía su territorio” Nazareth Cortés Velasco, presidenta de Comisariado Ejidal de San Pedro Tetolápam, Oaxaca, ocurrido la madrugada de este 19 de marzo en su localidad.
“Su muerte es un recordatorio del riesgo que enfrentamos las mujeres en los ejidos y comunidades. Las mujeres, comuneras y ejidatarias de oaxaca reconocemos en ella la defensa cotidiana de la tierra y de la participación de las mujeres en las decisiones agrarias” señalaron en su pronunciamiento.
La red exigió al gobernador del estado Salomón Jara Cruz, a la presidenta Claudia Sheibaum Pardo, a las instituciones agrarias, a la Secretaría de las Mujeres y a la Defensoría de Derechos Humanos: Una investigación clara, con perspectiva de género y enfoque comunitario, para dar con los autores materiales e intelectuales; además, otorgar medidas de protección inmediata a mujeres que ocupan cargos ejidales en San Pedro Totolapan y cargos en las representaciones agrarias de todo el estado de Oaxaca; por último, garantizar que la defensa del territorio no sea motivo de persecución o muerte.
A esta exigencia de justicia, también se han unido más de 10 organizaciones de derechos humanos en Oaxaca que integran el Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad social, en su pronunciamiento apuntaron que el asesinato de la comisariada “se da en un contexto de fuerte conflictividad social interna por los intereses económicos relacionados con el proyecto minero “El Águila” de la empresa Don David Gold filial de la empresa estadounidense Gold Resoruce Corpoaration en la localidad de San José de Gracia así como el nuevo tiradero de la capital de Oaxaca, el llamado Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) que empezó a construirse en 2024 en un predio de 30 hectáreas en Totolápam”.
Las organizaciones explicaron que en la región de los Valles Centrales, 80 mil hectáreas del territorio de ejidos y comunidades agrarias están concesionados para actividades de minería, en esta misma región opera el proyecto minero “San José” en el ejido de San José del Progreso. Recalcaron que en este ejido desde la imposición del proyecto minero, no se ha vuelto a realizar una asamblea agraria y no se han nombrado al Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia.
En este contexto, cabe recordar que Nazareth Cortés Velasco realizó diversas denuncias contra las afectaciones y daños que la minería ha provocado en los terrenos ejidales de su comunidad. En una reciente entrevista con Radio Tsinaka (Puebla), la comisariada explicó su labor comunitaria y dijo “En este cargo también nosotros nos valemos con apoyo del Consejo de Vigilancia y en este caso en mi territorio hay un empresa minera y hemos estado regulando y viendo muchas fallas que ha tenido la empresa minera dañando nuestro territorio. Los recursos que son amenazados en nuestro territorio, pues son los ojos de agua, el río, la tierra, el subsuelo, flora y la fauna por lo mismo de la minería.” Recalcó.
En la entrevista de aproximadamente 3 minutos, Nazaret detalló que su labor también estaba encaminada a la integración y desarrollo de jóvenes en su comunidad para que su participación fuera más activa “para que conozcan nuestras tierras y para que ellos tengan amor del territorio y cuando ellos-nos toque cargo saber cómo defenderla y tener amor hacia la tierra. Saber que el suelo o la tierra es lo más importante que tenemos y a costa de todo defenderla de empresas o gente externa que llegue a explotar las tierras” dijo al finalizar su entrevista.
Ante este contexto de desprotección y falta de garantías a la vida e integridad de defensoras, defensores, comuneras y comuneros ejidales, las organizaciones apuntaron “Las comuneras, ejidatarias y avecindadas para ejercer sus derechos agrarios requieren que el estado garantice las condiciones fundamentales para desempeñarlos. No es suficiente la implementación de la paridad de género en la Ley Agraria cuando se asesinan a mujeres en el cumplimiento de los cargos agrarios. Las amenazas e impactos del modelo extractivista continúan imponiéndose sobre nuestras vidas y sobre los territorios comunitarios, vulnerando el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas” señalaron.
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