El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y Organizaciones Acompañantes advirtió que el fenómeno del desplazamiento forzado interno se ha intensificado en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, en un contexto de violencia armada e impunidad que obliga a comunidades enteras a abandonar sus territorios.
Las organizaciones señalaron que, en la seccional de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, más de 200 familias fueron desplazadas en menos de 24 horas los días 24 y 25 de febrero. La mayoría, encabezadas por mujeres, niñas y niños, salieron de la zona serrana hacia Hidalgo del Parral ante el incremento de enfrentamientos y la presencia de grupos criminales.
El colectivo indicó que desde noviembre de 2025 organizaciones civiles han documentado un éxodo constante en Chihuahua, con la llegada diaria de familias a centros urbanos. Casos similares, añadieron, se registran en Apatzingán, Michoacán, donde existe un reglamento municipal que no ha sido aplicado, y en Tecoanapa, Guerrero, donde una comunidad fue desplazada tras hechos de violencia sin que exista un registro oficial ni atención humanitaria suficiente.
Las organizaciones denunciaron que en muchas entidades se sigue negando la existencia del desplazamiento forzado interno, lo que genera incertidumbre jurídica y falta de atención a las personas afectadas. Subrayaron que México no cuenta con una ley federal que garantice protección integral, investigación de los hechos y rutas claras de atención institucional.
Entre sus exigencias se encuentran: garantías de protección y atención humanitaria para las familias desplazadas en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo; acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de comunidades; y, en el caso de Chihuahua, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes, con el fin de definir criterios operativos y de evaluación de retornos que garanticen la seguridad de las familias y la construcción de soluciones duraderas.
El colectivo subrayó que los instrumentos legales especializados resultan insuficientes si no se traducen en acciones concretas, partidas presupuestales adecuadas, personal especializado y mecanismos sistemáticos de atención. Leer el comunicado íntegro en el primer link.
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