La asociación de derechos humanos Pacta Servanda e.V., con sede en Múnich, Alemania, emitió una carta abierta en la que expresa su “consternación y rechazo contundente” a la Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que el organismo exculpa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de cualquier responsabilidad institucional en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La recomendación, publicada el pasado 7 de julio, concluye que no existen elementos para atribuir responsabilidad al Ejército mexicano en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Sin embargo, la organización alemana sostiene que este posicionamiento representa “un eslabón más en una larga cadena de sabotajes por parte del Estado para impedir el esclarecimiento del crimen” y cuestiona la autonomía de la CNDH.
En el documento, Pacta Servanda afirma que la recomendación desacredita el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), cuyos informes documentaron la actuación y el conocimiento que tuvieron las Fuerzas Armadas durante los hechos.
La organización recuerda que diversas investigaciones independientes han señalado que el Ejército mantenía una amplia presencia en la zona de Iguala, contaba con sistemas de comunicación que le permitían conocer el desarrollo de los acontecimientos y tenía un elemento de inteligencia infiltrado entre los estudiantes normalistas.
A juicio de la asociación, existen indicios de que la Sedena posee información clave para esclarecer tanto lo ocurrido aquella noche como el paradero de los jóvenes desaparecidos, por lo que considera que excluirla de las investigaciones obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia.
En su pronunciamiento, Pacta Servanda también advierte que la postura asumida por la CNDH profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones mexicanas y compromete la credibilidad del organismo nacional de derechos humanos.
Finalmente, la organización exigió al Estado mexicano cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo, demandó que el Gobierno federal entregue a las familias de los 43 un informe actualizado sobre los avances de la investigación, incluyendo la apertura de documentos militares, y que la CNDH someta su recomendación a un escrutinio técnico público, explicando la metodología y los criterios probatorios que sustentan sus conclusiones.
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