Días antes de navidad, los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, los 18 municipios que forman parte de la ruta del Tren Maya y el Gobierno federal firmaron un acuerdo de colaboración para establecer los mecanismos para el Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste y gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. El abogado y activista por el derecho a la vivienda, Kalycho Escoffié, afirmó que las personas afectadas están excluidas y señaló que plantear desde la federación la homologación de ordenamiento territorial a nivel municipal genera dudas debido a que son “procesos complejos”. Escoffié agregó que la consulta que se hizo en noviembre de 2019 no incluyó el plan de ordenamiento territorial, por lo que manifestó su preocupación de que se firmara un convenio de cooperación para la implementación cuando “no se sabe cuáles van a hacer los términos de este ordenamiento territorial”. Indicó que este reordenamiento afectará áreas naturales protegidas, ejidos, municipios, centros de población, comunidades indígenas y zonas arqueológicas, además de impactar en el acceso al agua de cenotes y a recursos ambientales. Asimismo, con la entrada de este programa se van a concretar los desalojos, los cambios de uso de suelo, la entrada o no de ciertas industrias o de ciertas actividades económicas, alertó el activista.
El Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste que el gobierno va a homologar no ha sido consultado y Firman acuerdo de colaboración para ordenamiento territorial del Tren Maya. Contexto: Comunidades mayas ganan suspensión definitiva contra Tren Maya; obras siguen
