Las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores aprobaron ayer la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Sheinbaum, cuya discusión en el pleno se efectuará el próximo lunes. La legislación impulsada por la mandataria ha generado reacciones airadas entre organizaciones, medios de comunicación e incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han advertido los riesgos que representa, ya que aseguran que esta iniciativa otorga al gobierno federal la facultad de retirar concesiones, censurar contenidos y atentar contra la libertad de expresión e información.
La iniciativa de reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando sea solicitado por las autoridades competentes –indefinidas–, “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales afirma: “La redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, se pronunció en redes sociales: “Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
Organizaciones como Artículo 19 hicieron un llamado a que el Senado considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la Ley en la materia, para corregir y subsanar la redacción de la iniciativa, como ha reconocido la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Los términos actuales de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para no aprobar mediante fast track una iniciativa que pueda afectar los derechos humanos de las y los mexicanos.
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