América Latina, epicentro 
de la crisis sanitaria mundial, sigue siendo una presa deseada para los inversores extranjeros. En los últimos meses, en plena época de estragos pandémicos, cinco países del continente sufrieron severas amenazas de las multinacionales: Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala son solo algunos de los países de América Latina que están siendo impactados por el régimen de protección de inversiones en medio de la pandemia del Covid-19. Inversores extranjeros que amenazan con demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por las medidas estatales tomadas para mitigar los efectos de la pandemia. Árbitros que se niegan a aceptar los pedidos de los Estados de posponer arbitrajes en curso, y que los obligan a desembolsar millones en momentos donde los fondos públicos tienen destinos más urgentes. La crisis actual pone una vez más de manifiesto las perversas consecuencias del sistema de solución de disputas inversor-Estado y la necesidad urgente de salirse del mismo. América Latina y el Caribe sufren desde hace décadas las consecuencias de haber firmado más de 470 tratados de comercio y de protección de inversiones que han derivado en casi 300 demandas conocidas de inversores extranjeros contra Estados de la región ante tribunales de arbitraje internacional. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y la crisis que desencadenó, podría exacerbar los riesgos del régimen de protección de inversiones al desatar una nueva ola de demandas, como advierte el estudio “Haciendo malabares. América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones” que acaba de publicar el TNI (Transnational Institute).
Ni la pandemia le da respiro a América Latina. Leer estudio: Haciendo malabares. América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones
