El gabinete de seguridad de Israel aprobó una serie de medidas destinadas a incrementar el control sobre Cisjordania ocupada y a facilitar una mayor expansión de los asentamientos judíos en este territorio palestino, lo que generó una ola de rechazo por parte de países árabes, islámicos, la Unión Europea y la Organización de las naciones Unidas (ONU), la Autoridad Palestina (AP), denunció las decisiones como una anexión de facto y la base de que “no habrá un Estado palestino”.
Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avanza en sus planes de anexión, este miércoles durante su visita oficial a Washington, firmó su adhesión a la ´Junta de Paz´ creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza, pero sin la participación de ninguna autoridad palestina.
Días antes, el ministro de Finanzas, el colono y radical Bezalel Smotrich, afirmó que “El gabinete de seguridad aprobó una serie de decisiones que cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil en Judea y Samaria”, utilizando el término bíblico con el que Israel se refiere a Cisjordania, y aseguró que estas medidas buscan “enterrar la idea de un Estado palestino”.
Una de estas medidas fue dejar sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.
Otra de las medidas contempla la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción en asentamientos, incluso en partes de ciudades palestinas como Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina hacia instancias israelíes. Hasta ahora, cualquier modificación en las construcciones de la comunidad judía requería la aprobación tanto de autoridades municipales locales como del gobierno israelí.
Asimismo, se informó que Israel podrá administrar algunos lugares religiosos y ampliar la supervisión y aplicación de la ley en zonas bajo administración palestina, particularmente en temas relacionados con riesgos medioambientales, delitos vinculados al agua y daños a yacimientos arqueológicos.
La decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada ha generado las críticas de buena parte de la comunidad internacional empezando por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que se ha mostrado “profundamente preocupado” por el anuncio y ha instado a las autoridades israelíes a que retiren una medida “coercitiva” que “erosiona” las perspectivas para la solución de dos Estados.
Actualmente, más de 500 mil israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, los cuales son considerados ilegales por el derecho internacional, mientras que en el territorio habitan cerca de 3 millones de palestinos.
Mientras tanto, tras cuatro meses de la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques israelíes se mantienen de forma intermitente contra la Franja de Gaza, donde este martes 10 de febrero el Ejército mató a al menos cuatro personas, mientras la reapertura del cruce de Rafah sigue siendo parcial por lo que no logra aliviar la crisis humanitaria.
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