María Carmen Abascal, la mujer de 87 años que se volvió símbolo de la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, anunció el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Desde 1956, que su padre firmó un contrato de renta, Maricarmen había vivido en esta vivienda en el barrio de Ibiza, convertido en uno de los barrios más caros de Madrid. La empresa inmobiliaria Urbagestión quería que asumiera el incremento del 275% de alquiler o, de no hacerlo, echarla.
Después de ocho años de lucha judicial, hace dos semanas, logró expulsar a la anciana de su casa. Detrás de la decisión están la jueza Elena Cortina Blanco y Urbagestión. El Sindicato de Inquilinas, conformado por “todas las vecinas y vecinos que hacen frente a la crisis de vivienda y a la burbuja de los alquileres en la Comunidad de Madrid” alertan que el de Maricarmen no es un caso aislado.
Y no sólo en Madrid: hace pocas semanas salió a la luz el caso de María Muñoz en Cádiz, de 87 años que podría ser desahuciada de la casa que habita desde 1967 y que los nuevos propietarios quieren convertir en pisos turísticos. Los fondos buitres “son carroñeros que esperan la muerte de su presa, pero en este caso son depredadores impacientes que acosan a sus víctimas hasta hacerse con el botín”, concluyen desde el sindicato.
Dos días después del desalojo de Maricarmen, el 26 de septiembre, miles de personas se concentraron en Madrid por la indignación tras el desahucio, pero también para reclamar soluciones a un problema que no había dejado de crecer. Miles de personas decidieron acampar en la plaza Puerta del Sol.
Días después, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, tras el revés de su gobierno para aprobar medidas frente a la crisis de vivienda y ante la creciente fragilidad de su mayoría parlamentaria.
Las ciudades Madrid, Berlín, Nueva York y la Ciudad de México son ejemplos centrales en el debate global sobre la gentrificación, aunque enfrentan dinámicas y escalas distintas impulsadas por el capital especulativo, el turismo y la llegada de nómadas digitales. Las protestas exigen la congelación de rentas y regulaciones contra la especulación inmobiliaria. Las y los vecinos comparan la situación con una forma moderna de colonialismo o despojo.
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