“¿Por qué estamos aquí? -Por la guerra-. respondió una niña desplazada de 12 años y fueron las voces que escuchamos en esta misión civil de observación sobre el desplazamiento forzado en Chihuahua (MCO)”.
Centenares de personas han sido desplazadas desde finales de febrero de la región de la Sierra Tarahumara conocida como Triángulo Dorado y se han refugiado en los municipios chihuahuenses de El Parral, Delicias y Chihuahua. Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante una rueda de prensa el 29 de mayo al término de una misión de observación que encontró a unas 200 personas desplazadas no sólo de las comunidades indígenas serranas de Chihuahua —en su mayoría del municipio de Guadalupe y Calvo—, sino también de Tamazula (Durango) y Badiraguato (Sinaloa).
En México el Desplazamiento Forzado Interno (DIF) aumentó 300% en los últimos años. Con Cifras estimadas, ya que no hay un censo oficial, entre reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación se calcula que en el 2021 hubo un total de 500 personas desplazadas, mientras que para el 2025 se estima que hubieron más de 1 mil 500 personas en DFI, es decir: se triplicó el número de víctimas y en el 2026 el número de personas afectadas sigue en aumento.
Al presentar los principales hallazgos, las organizaciones detallaron que el desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década, en el 2008, cuando se registraron los primeros desplazamientos forzados en la región de Baborigame. Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias e incluso a otras personas de sus comunidades.
“Año con año hemos conocido esas historias, sin embargo, desde el 2024 empezamos a registrar eventos de desplazamiento forzado masivo como es el caso de Atascaderos y en los últimos días de familias provenientes del municipio de Tamazula, estado de Durango. Desde entonces, las organizaciones registramos que las causas de estos eventos tienen que ver con el despojo de tierra y territorio para proyectos extractivos, megaproyectos, así como con el reclutamiento forzado, el asesinato de familiares y el control del territorio por parte de grupos criminales” apuntaron.
Integrantes de la Misión también destacaron que “Aparte de la guerra armada, también está el quiebre político entre los gobiernos del nivel estatal y federal. Ante esto las familias en situación de desplazamiento forzado interno han quedado en medio, siendo ignoradas, invisibilizadas, discriminadas, desatendidas y están sufriendo los estragos de conflictos que no les corresponden, que les han despojado no solo de sus territorios, sino de sus bienes materiales e inmateriales, de sus derechos básicos, de sus posesiones más preciadas como lo son la identidad, la dignidad y la vida”.
Finalmente hicieron una serie de propuestas a las autoridades, entre ellas: que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno de Chihuahua integre la participación de las organizaciones civiles de derechos humanos locales y se instale una Mesa Interinstitucional de atención al Desplazamiento Forzado Interno con la participación de los tres niveles de gobierno.
Además, que las autoridades estatales y federales den respuesta a las propuestas que ha formulado esta Misión sobre la situación de Desplazamiento Forzado Interno en las distintas reuniones que se han sostenido y que desde el nivel federal de gobierno se reconozcan los eventos de Desplazamiento Forzado Interno, que se atiendan las causas estructurales del fenómeno, aprobando una Ley para atender esta situación, señalaron.
Comunicado completo REDTDT Hallazgos preliminares de la Misión Civil de Observación sobre desplazamiento forzado en Chihuahua | Conferencia de prensa Presentación de hallazgos |
