El mes pasado, una rebelión de Comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales estalló en Jujuy, una provincia del norte de argentina, ¿las causas? La aprobación de una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, que busca habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano, afectando especialmente a los más de 300 pueblos originarios, que se han convertido en protagonistas centrales de los reclamos.
“Aquí, en Jujuy, el capital lo ponen los de afuera, la tierra la entregan los gobernantes que se creen sus dueños, y el trabajo es la mano de obra esclava a la que someten a nuestros jóvenes”, dice Mercedes Maidana para explicar el eje del conflicto. Los enfrentamientos dejaron más de 70 heridos entre quienes protestaban (uno de ellos estuvo varios días en terapia intensiva y otro perdió un ojo por un balazo de goma) y más de 40 en los cuerpos de seguridad, además de 68 detenidos.
Muchas de las modificaciones a la norma le abren acceso a trasnacionales y empresas que buscan entrar en esta carrera por el Litio, pues aseguran ambientalistas y habitantes que la desprotección en la que quedan los humedales altoandinos tiene una indiscutible razón de ser: los salares del altiplano esconden descomunales cantidades de litio. Se calcula que en la Argentina se halla el 20,5 % de las reservas del planeta del llamado oro blanco, de ese total, un 37 % se encuentra en Jujuy.
“Las comunidades ya venían desarrollando conflictos abiertos y la reforma fue la gota que rebasó el vaso. Hizo que sus denuncias tomaran fuerza para poner sobre la mesa su defensa del agua y sus cuestionamientos al avance del extractivismo del litio”, dice la diputada Morales. Algo mas que preocupa a los habitantes y autoridades comunitarias es que en la nueva constitución se habla de hacer consultas solo a comunidades que tengan títulos, cuando a decir de Orlando Flores, autoridad comunitaria de Abralaite “la mayoría no los tenemos, no podremos participar; y tampoco nos dejarán protestar porque quieren penar la protesta”. Y que además implica un reto obtener estos títulos.
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