Comunidades y afromexicanas organizadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), tomaron este martes 01 de septiembre 2026 cuatro autopistas y las instalaciones de la Geotermoeléctrica los Azufres, de la CFE, en defensa de sus cuerpos de agua y el medio ambiente ante los daños ambientales y de salud provocados por la geotemroelectrica; además de la exigencia en seguridad y justicia verdadera para las comunidades.
A través de un comunicado, las 80 comunidades que integran el CSIM, denunciaron simulación de los Gobiernos Federal y Estatal, toda vez que no han cumplido con los acuerdos establecidos con los pueblos originarios “Ofrecemos disculpas al pueblo de Michoacán, pero el gobierno solo simula atender a las comunidades y no resuelve los problemas, por lo que no nos dejan otro camino, más que exigir nuestros derechos de manera organizada y colectiva” escribieron previo a las movilizaciones.
En su pliego petitorio las comunidades también demandaron la renuncia de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, “por su indolencia e incapacidad para atender la problemática”. Anteriormente, denunciaron que la CFE había negado el permiso para que las comunidades realizaran una inspección y señalar los sitios de contaminación y mal manejo de residuos.
Otra de sus principales exigencia fue la liberación de la defensora de los bosques María Cruz Paz Zamora detenida arbitrariamente el 5 de junio de 2024 por policías ministeriales “Se ha demostrado que ella es inocente y se trata de una acusación armada ¡Basta de criminalizar a las defensoras del medio ambiente!” sostuvieron.
Los pueblos también rechazaron las consultas simuladas y exigieron consulta real en materia de Ley Indígena “exigimos consultas apropiadas y bajo los estándares internacionales para las comunidades sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la máxima autoridad de las comunidades son las asambleas generales y es ellas a quienes se debe de consultar, no únicamente a las autoridades, la ley es discriminatoria, burocratiza la autodeterminación y representa un retroceso en la lucha por el territorio.
Asimismo, el Consejo exigió juicio político para el presidente municipal de Coahuayana Andrés Rafael Aguilar Mendoza, a quien acusan de crear grupos de choque en la comunidad afromexicana de El Ticuiz y operar en contra de las autonomías de los pueblos.
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