Los habitantes de la comunidad de Santa María Chi en Yucatán denunciaron la contaminación del agua y la quema de toneladas de excretos de cerdo que generó humo toxico que los pobladores respiraban. La empresa responsable de este desastre ambiental es la empresa San Gerardo, propiedad de la familia Loret de Mola, y que también es asociada de Kekén.
En una entrevista con Pie de Página, los habitantes dijeron que suman 15 los metros que separan a la primera casa del pueblo de la entrada principal de la porcícola San Gerardo. Por lo que a diario la población de aproximadamente 500 habitantes bebe, respira e interactúa desde hace mas de tres décadas con la contaminación de genera esta gran instalación porcicola, donde se engordan más de 43 mil cerdos.
Dicha empresa comenzó a operar en los años 80, en la última década y media el escenario socio ambiental de la comunidad de Santa María Chi comenzó a cambiar, pues la empresa comenzó a expandirse para almacenar más animales, lo que trajo más contaminación hasta el punto donde aparecieron una cadena de lagunas de excrementos y orines y que en la actualidad se ha multiplicado aniquilando gran parte de la selva lindera al pueblo.
San Gerardo también es asociada de Kekén, una de las grandes compañías que monopoliza la producción de carne de cerdo en la península de Yucatán. La empresa ya había recibido diversas denuncias, hace 5 años fue señalada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por contaminación y daños a los ecosistemas. Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la empresa ocupa el 9° lugar entre los principales beneficiados con concesiones para uso del recurso hídrico en Yucatán, casi 240 mil metros cúbicos anuales.
Hace apenas una semana que la empresa quemó cientos de toneladas de excrementos secos de cerdos, lo que causó además de perdida vegetal, la contaminación del aire por humo toxico, fue entonces que la comunidad se organizó para levantar la voz y pedir el cierre definitivo de la mega granja San Gerardo y desde entonces mantienen un reclamo al que las autoridades de Mérida, la alcaldía con competencias, han hecho caso omiso.
La comunidad resiste ante la criminalización a la protesta social, ante los intereses económicos, el poder político y el privilegio que esta empresa tiene con las autoridades no solo locales, si no también estatales, ahora la comunidad de Santa María Chi sostiene una defensa por la vida y contra el ecocidio.
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