Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer una visita a comunidades indígenas de tres municipios de Chiapas, ante la falta de resultados del Estado mexicano para adoptar las medidas cautelares que otorgó hace casi cuatro años para protegerlas de la violencia paramilitar, los desplazamientos forzados y el despojo territorial.
La visita de la CIDH, que concluirá el 15 de julio, recorrerá las 22 comunidades indígenas beneficiarias de las medidas cautelares, ubicadas una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama.
Debido a la violencia por parte de grupos paramilitares contra las comunidades tsotsiles y tseltales en Chiapas, que ha provocado muertes, heridos y miles de desplazados indígenas, la CIDH solicitó al Estado mexicano desde hace casi cuatro años la adopción de medidas cautelares a favor de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. Sin embargo, las medidas no se implementaron y la violencia se acrecentó en las comunidades, sin ninguna intervención efectiva del Estado.
Desde abril pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido que el Estado mexicano no había tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, lo que motivó a la CIDH a avalar la visita in situ. También, contemplan reuniones de trabajo con personal de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación para revisar las conclusiones.
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