Este 03 de noviembre la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio hicieron un llamado de solidaridad con el pueblo Puente Madera, a raíz de la próxima audiencia del defensor David Hernández Salazar, quién desde 2021 es vocero de su comunidad en la lucha contra la imposición de uno de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico, en las tierras de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca, lo que ha costado la criminalización y persecución contra los y las defensoras comunitarias.
Dicha audiencia está programada para este martes 7 de noviembre, a través de un comunicado la asamblea escribe “queremos expresar la preocupación ante la próxima audiencia y las conocidas mañas del Gobierno de Oaxaca, para criminalizar, fabricar delitos y mantener a defensores de la tierra, territorio y derechos humanos, privados de su libertad para detener su labor y callar su voz” además mencionaron que “el proceso legal que han atravesado las 17 personas con órdenes de aprehensión, sus familias y la comunidad entera, ha sido desgastante física, psicológica y económicamente”.
La denuncian penal y ordenes de aprehensión en contra de David y de 17 habitantes de Puente Madera fue interpuesta por el Municipio de San Blas Atempa y, el Registro Agrario Nacional, con la Carpeta de Investigación 4884/FIST/TEHUANTEPEC/2022 en la Causa Penal 446/2022, la próxima audiencia se vuelve crucial pues se realizará el desahogo de pruebas y dictamen de sentencia. Además el pasado 18 de Octubre de 2023, el compañero David fue notificado de la Carpeta de Investigación FED/OAX/SC/0001589/2021, en la cual lo acusan ahora del delito de Ataques a la Vías de comunicación, esta reciente denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la representación legal de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte.
Cabe resaltar que en la reciente actualización de la base de datos sobre Agresiones a personas defensoras en México realizado por EDUCA, se señala que en Oaxaca “la criminalización es la agresión más denunciada, donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipal; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año”.
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