A mediados de octubre de 2025 en algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales se publicaron y difundieron dos videos en los que personas armadas que se identificaron como integrantes de grupos criminales señalaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a otros funcionarios de su gobierno de sostener nexos y acuerdos con el crimen organizado.
El mandatario potosino no sólo negó dichas afirmaciones, sino que, durante una entrevista con medios de comunicación locales, aseguró que ambos materiales fueron elaborados con inteligencia artificial, y adelantó que ya había presentado denuncias ante las fiscalías General de la República y General del Estado.
Para el 4 de noviembre, menos de un mes después de los hechos, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social” hasta con seis años de cárcel. Díez días más tarde, el 14 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma.
Pedro Cárdenas, oficial del programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, recuerda que dicha organización advirtió en su momento sobre los retrocesos y riesgos que la reforma representaba en materia de libertad de expresión, un derecho que, puntualiza, no es exclusivo de quienes ejercen la labor periodística, aunque esta sí suele ser la más afectada con esa clase de embestidas.
En un comunicado Artículo 19 advirtió que la ahora apodada “Ley Serrano” abría la puerta a “la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines”.
Criticaron que el Congreso potosino recurriera “en primer lugar a la penalización sin valorar mecanismos no punitivos”, algo que consideran que “responde a una tendencia ascendente para sancionar conductas relacionadas con la libertad de expresión”, en México.
El 21 de mayo de 2026, dos mujeres que se dedican, entre otras actividades, a la difusión de contenidos noticiosos en redes sociales fueron detenidas en San Luis Potosí, presuntamente acusadas por la comisión de un “delito contra la identidad de las personas”, de acuerdo con un confuso comunicado de la Fiscalía General del Estado.
Ante la presión social, el Congreso estatal no ha derogado la ley. Lo que ocurrió recientemente es que aplazó hasta septiembre la discusión de posibles reformas y anunció la realización de foros para revisar la legislación. Mientras tanto, la norma permanece vigente.
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