Inicia diplomado "Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas" en Ocotlán

fyc diplomado El Centro de Derechos Humanos “Flor y Canto” y la Universidad Iberoamericana de Puebla iniciaron el diplomado “Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas” a fin de “sembrar formación y capacitación para cosechar frutos positivos a favor de nuestros pueblos”. Carmen Santiago Alonso, portavoz del organismo civil informó que las Universidades del sistema jesuitas en México han unido esfuerzos para crear una alternativa educativa en zonas indígena. El diplomado inició el pasado sábado en la población de Ocotlán de Morelos con la presencia de los integrantes del Consejo Directivo de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y Cuidado del Agua; del Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el Cuidado y la Defensa del Agua del Distrito XIX. Santiago Alonso precisó que los estudios concluirán el próximo mes de diciembre y registran como objetivo el formar a autoridades municipales, agrarias y líderes comunitarios para que promuevan los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Campesinos, enfocados en el cuidado del agua y la tierra, en la región Valles Centrales. Leer también:

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En próximas elecciones Cabecera Nueva debuta como municipio de Partidos Políticos

El poblado de San Andrés Cabecera Nueva, en Oaxaca, -que antaño realizaba sus elecciones por normas comunitarias- ahora utilizará boletas, urnas y voto secreto para elegir a sus autoridades, entre ellas el alcalde. Su debut será durante las próximas elecciones locales del 7 de julio, con lo que se convertirá en el municipio número 153 regido por el sistema de partidos políticos. La asamblea comunitaria acordó por mayoría desterrar el método de elección por usos y costumbres, luego de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma política en Oaxaca. Este año renovarán autoridades municipales los 417 ayuntamientos regidos bajo el sistema de normas comunitarias, esperando que entre julio y agosto se efectúe poco más de 50 por ciento de las elecciones. El 57% del padrón electoral oaxaqueño se rige bajo el sistema indígena. Para esta elección existen 15 comunidades que son consideradas focos rojos, entre ellas San Pedro Ixtlahuaca, Santa María Atzompa, San Juan Bautista Guelache y Santiago Lachigiri, debido a la constante fricción y roce permanente. Leer también:

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Matan policías de Cortijos a un ciudadano opositor al munícipe

Pobladores del municipio de Santa María Cortijos, comunidad asentada en la zona limítrofe con el vecino estado de Guerrero, responsabilizaron al presidente municipal Sergio Arellanes Vargas (PUP), de la muerte de Francisco Lucas García, quien fue asesinado por elementos de la policía municipal la madrugada de este domingo 23 de junio. Lo anterior fue asegurado por familiares del occiso y otros de sus compañeros, recordando que en agosto de 2011 tomaron el palacio municipal en demanda del cumplimiento de obras, transparencia de recursos y la destitución de Arellanes Vargas de su cargo como edil. “Sergio Arellanes Vargas es responsable del actuar de la policía”. Familiares y demás pobladores exigieron justicia al gobierno del estado: “Queremos justicia, porque no es justo que ellos tienen el poder en la mano y nos anden golpeando. Exigimos nos hagan caso, para que ya no haya más muertos y violencia en el municipio. ¿Cuántas muertes más necesita el gobierno para escucharnos?”, remataron.

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Caso Said Hernández del Tucán; un año de impunidad

Ayer se cumplió un año del atentado al Director de la Página web y Jefe de Información del periódico Tucán, Said Hernández. Y donde los agresores gozan de una total impunidad ante la deficiente impartición de justicia. Un proceso que ha dejado muchas suspicacias a su paso; desde la integración de la averiguación previa, como la lentitud de las investigaciones y la decisión de un Juez Federal para otorgarles el Amparo. Son cientos y quizás hasta miles de voces que a diario se manifiestan en las calles de la capital oaxaqueña y en el interior del Estado, para clamar ¡JUSTICIA! Más información:

Liberan a agresores de periodista y Libres; intentaron matar a reportero

Falseó CFE información de riesgo volcánico: pobladores de Huexca

Pobladores de Huexca, municipio de Yecapixtla, y de Apatlaco, en Ayala, presentaron dos amparos ante un juez federal contra la construcción del proyecto energético Morelos –que incluye dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto y un acueducto– porque la paraestatal falseó el mapa de riesgos del volcán Popocatépetl, informó Juan Carlos Flores, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El activista aseguró que desde el principio la CFE engañó a los pobladores o les dio información a medias o tergiversada sobre los verdaderos riesgos que generará la construcción del gasoducto, al hacerles creer que el proyecto no afectará a esas tres entidades,

Debe analizarse con calma operación de dos termoeléctricas en Huexca: Stavenhagen

Critican la millonaria indemnización a la española Abengoa que tiene que llevar a cabo México

Ecologistas en Acción, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Col-lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals (RETS) y Enginyeria Sense Fronteres (ESF) expresan su rechazo a la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) de indemnizar a la multinacional española Abengoa por el impedimento al funcionamiento de un depósito de residuos peligrosos que pensaba instalar en México. La planta, situada cerca de un área protegida y a menos de 500 m de una población indígena, había recibido el rechazo masivo del municipio de Zimapán, Hidalgo, donde iba a ser localizada. El Gobierno mexicano ha reconocido recientemente que ha de indemnizar a Befesa, exfilial de la multinacional energética Abengoa. La resolución del caso ha condenado a México a pagar un monto que se estima entre 42 y 45 millones de dólares, dinero que bien puede ser utilizado para fines sociales y ambientales. Más sobre el tema:

El surgimiento de Todos Somos Zimapán y Fuerte crítica al CIADI del Banco Mundial

Tribunal en Costa Rica desecha polémico proyecto de minera canadiense

La Sala Constitucional de Costa Rica rechazó este miércoles el último recurso interpuesto por la empresa canadiense Infinito Gold para revertir la anulación judicial de una concesión para explotar oro en el norte de Costa Rica, en la zona fronteriza con Nicaragua. El fallo es la culminación de una controversia de varios años entre la empresa minera y el movimiento ecologista de Costa Rica, que se opuso desde el principio a la operación del proyecto -conocido como Mina Crucitas- debido a que ocasionaría graves daños ambientales, incluida la destrucción de un bosque primario. En Costa Rica, debido a la presión popular, el Gobierno de Laura Chinchilla emitió en 2010 un decreto que prohíbe todo tipo de minería a cielo abierto en el país. La minera pretende elevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo autónomo del Banco Mundial.