En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se celebra el 22 de julio, publicamos un informe que analiza la situación de la minería en Oaxaca en 2025. El panorama es variado, con enormes ingresos para las empresas mineras, instituciones estatales débiles y comunidades comprometidas que luchan contra el extractivismo. Actualmente, el avance de las actividades mineras que existía hace unos años parece haberse detenido, sobre todo gracias a la eficaz resistencia organizada de las comunidades.
En el estado de Oaxaca actualmente hay al menos 261 concesiones mineras vigentes y 42 proyectos mineros, la mayoría de empresas extranjeras. Al momento hay tres minas activas ubicadas en los Valles Centrales: Arista y Alta Gracia de la estadounidense Gold Resource Corp. y San José de la peruana JRC, que hasta los principios del 2025 permanecía a canadiense Fortuna Mining Corp. Por sí solas estas tres minas han generado ingresos millonarios de 3,400 millones de dólares desde 2010.
A pesar de las enormes sumas, vemos que poco o nada llega a las comunidades vecinas de estos proyectos que cargan con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios. La promesa de las empresas y el estado de los gran beneficios para la población no se ha cumplido, ya que la pobreza queda en altos niveles en las regiones afectadas. En el caso de San José del Progreso, la empresa minera aprovechó que el gobierno municipal y agrario era disfuncional y así se expandió en el territorio ejidal, generando una división comunitario que rompió el tejido social. Las resistencias contra la mina fue reprimidas por fuerzas del estado y dos defensores fueron asesinados en 2012.
En contraste con el control estatal que experimentan los opositores, el control de las empresas mineras es deficiente debido a las instituciones débiles y la falta de voluntad política. Las reformas a la Ley Indígena y la Ley Minera prometieron fortalecer a las comunidades indígenas y sus derechos, pero han sido suavizadas y excluyeron explícitamente el derecho fundamental al territorio y el derecho sobre los recursos naturales que es especialmente importante en el contexto de la minería. Las leyes insuficientes y un Estado que tiene un gran déficit de aplicación beneficia a las empresas mineras en continuar violando los derechos de las comunidades como en el caso de Natividad, en Capulálpam de Méndez, donde una mina ilegal ha contaminado muchos manantiales en los alrededores con plomo y arsénico.
La resistencia comunitaria ha sido clave para frenar los proyectos. Las empresas mineras necesitan el permiso de la comunidades para trabajar en sus territorios ejidales que puede negarlo mediante la firma de declaraciones de territorios prohibidos para la minería, registrados ante el RAN. De esta manera, las comunidades del “Frente contra la Minería, por un Futuro para Todas y Todos” impidieron la expansión de la mina San José.
Gracias a los incansables esfuerzos de aproximadamente 60 comunidades, el avance del extractivismo en Oaxaca se ha frenado en los últimos años; pero la amenaza persiste en territorios de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco, afromexicano, además de comunidades campesinas. Observaremos con atención el papel del poder judicial y sus alcances frente a las últimas reformas. Si respetan el derecho de las comunidades a su autonomía o, como ha sucedido históricamente, fortalecen la inversión privada ante de los derechos fundamentales.
Informe Panorama minero en Oaxaca: entre la resistencia comunitaria, las reformas legales y la voracidad empresarial (pdf, 10 pág.)
