El desplazamiento forzado es una violación de derechos humanos al atentar contra el derecho a circular libremente y elegir un lugar de residencia libremente. Implica también la vulneración de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Desde 2017, en México se han reflejado más poblaciones indígenas afectadas por estos hechos, siendo el crimen organizado, la violencia paramilitar y la intervención del Estado los fenómenos que ejercen tales desplazamientos y obligan a las poblaciones a abandonar su lugar de residencia para mantenerse seguros.
Aunado a esto se derivan más complicaciones como violencias por la pertenencia étnica y las condiciones socioeconómicas, además que durante el recorrido que realizan para obtener un espacio dónde instalarse, también experimentan violencia ejercida contra las mujeres al ser blanco de las fuerzas públicas de seguridad.
A pesar de que el Estado se vio obligado a reconocer los desplazamientos que viven los pueblos indígenas, aún no existe un marco normativo especializado a nivel federal que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades en los tres niveles de gobierno que se encarguen de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno.
Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, son los estados que han experimentado mayor desplazamiento poblacional, siendo Chihuahua y Guerrero los que están siendo impactados por el crimen organizado.
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