A través de un pronunciamiento, organizaciones y grupos religiosos manifestaron su preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, en Chiapas y el resto del país.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios.
Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, el pasado 14 de marzo de 2020, quien fue acusado de homicidio calificado.
A ello se suman las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, actualmente se encuentran acusados de motín.
El caso más reciente es el de Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, junto con: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todos privados de manera arbitraria de la libertad.
Leer el Pronunciamiento conjunto: Imparable el aumento de violencia en Chiapas. Foto: Frayba. Contexto: Vinculan a proceso a defensores tseltales en Chiapas; Pueblo Creyente y Frayba exigen su libertad y Grupo armado toma calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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