No es negativa la salida de Iberdrola de México para las comunidades originarias ni para el medio ambiente. Para especialistas y representantes de pueblos indígenas consultados por la Revista Proceso, la empresa española se desarrolló a costa de los derechos sociales y ambientales de las comunidades.
Derivado de que hace unas semanas se confirmó que Iberdrola venderá sus operaciones en México a la firma Cox, dedicada a los sectores de agua y energía, por 4 mil 200 millones de dólares, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, explicó que no se deben olvidar los pendientes que deja la compañía en materia ambiental y social.
“A pesar de lo que se dice que es esta empresa, que es una empresa socialmente responsable, como tal no actúa (…) Afectó a muchas comunidades originarias y esto, por supuesto, impactó en el ecosistema de las comunidades”, señaló.
Los casos documentados son diversos. En Hermosillo, Sonora, Iberdrola construyó una planta solar que, según la propia empresa en su portal digital, tiene el tamaño equivalente a 34 estadios de béisbol. Sin embargo, un análisis interno de la compañía, en poder de Proceso, reconoce que la instalación implicó la pérdida de zonas de refugio para fauna debido al retiro de vegetación.
Antes de la construcción se contabilizaban “un total de 28 especies de aves, distribuidas en 6 órdenes, 16 familias y 25 géneros”. La especie más abundante, detalla el documento, fue Pooecetes gramineus o gorrión cola blanca.
En Puebla también hubo conflictos. Comunidades como San Pedro Chapulco acusaron a Iberdrola de pagar apenas 3 pesos anuales por metro cuadrado a ejidatarios, con la condición de que no podrían cultivar durante 30 años. En esa zona se ubica el Parque Eólico Industrial de Energía Renovable PIER IV.
El presidente de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, Cecilio Solís Librado, sostuvo que la empresa no previó que las comunidades actuales cuentan con más herramientas legales que en el siglo XX, lo que frenó prácticas de imposición.
“Llegó con muchísimos años de experiencia y con abogados de alto calado, ingenieros y personal técnico de altísimo calado, pero se enfrentaron a una nueva realidad. Y en esa nueva realidad en las comunidades fue que las comunidades aprendimos un poco más sobre los derechos que nos asisten. Y entonces ni los abogados, ni los técnicos, ni los ingenieros podían ya entrar así como ya llegué y a ver, háganse a un lado, ¿no? Ya se encontraron con gente, compañeras, compañeros mucho más informados en los temas de derechos y obviamente hubo resistencia”, comentó.
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