Gustavo Alejandro Salgado Delgado fue desaparecido el 3 de febrero de 2015. Viajó en trasporte público al terminar una reunión con jornaleros agrícolas en la comunidad El Chivatero, municipio de Ayala, Morelos. Un día después, su cadáver fue encontrado con señales de tortura, las manos mutiladas y decapitado. El jóven comunista Gustavo, recuerda Luís Hernández Navarro, fue un consecuente opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), la Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto, y el acueducto que saqueará el agua del río Cuautla. “El oriente de Morelos está dominado por una familia de caciques (los Tablas Pimentel), que tiene el control de la CNC en los campos de corte de caña, múltiples negocios y nexos con el grupo criminal Los Rojos. Para mantener su cacicazgo, usan el registro del partido político que les convenga. Un día son del PRI, al otro del PAN, luego de Nueva Alianza, para saltar al PRD o a la 4T. La lucha de Gustavo puso en jaque ese control. Antes de su asesinato, fue amenazado por José Manuel Tablas, entonces alcalde de Ayala”, apunta Hernández Navarro. Los responsables directos del homicidio de Gustavo fueron integrantes de la banda Los Victorinos. Varios fueron empleados municipales en el periodo de Tablas Pimentel. Tienen una asociación civil llamada Cemilla. Mediante ella participaron en la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. “La situación es grave. Los caciques quieren venganza. En lugar de desmantelar a los grupos delictivos y los cacicazgos, y evitar asesinatos como el de Gustavo o el de Samir Flores, la 4T prefiere, con tal de sacar adelante el PIM, ignorar el peligro existente y privilegiar la relación con éstos”, advierte Hernández Navarro a pocos días del quinto aniversario luctuoso de Gustavo Salado y del segundo aniversario del asesinato impune de Samir Flores.
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