El 22 de mayo aproximadamente 500 policías guatemaltecas desalojaron a 48 familias q’eqchi de la comunidad Buena Vista ubicada en el interior de la finca Tz’inté, en el operativo policial y judicial estuvo presente el empresario Luis Fernando Arriaza Migoya, quien afirma ser el supuesto dueño de la finca que se ubicada en el municipio de El Estor, Izabal.
El desalojo fue ilegal y lo explica José Luis Puac quien es abogado y forma parte del Comité de Unidad Campesina,(CUC), asegura que los funcionarios no presentaron ni un solo documento legal para proceder a realizar el desalojo y no quisieron que se leyera el amparo a favor de las comunidades.
De forma simultánea a las fuerzas de seguridad del Estado, participaron cuadrilleros de Arriaza Migoya y agentes de la seguridad privada de la empresa VIP Security SA quienes podrían haber destruido las casas y sembradíos de las familias. Las familias que vivían en la comunidad Buena Vista buscaron refugio durante la noche en la comunidad Santa Rosita, otras pernoctan a la orilla de la carretera.
Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias
Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos: “Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, reitera el consejo.
Cabe recordar que , la población en nuestro país vecino sigue esperando la destitución de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), y otros cambios profundos para acabar con el regimen corrupto que devastó a la democracia incipiente en Guatemala. Esto a ya mas de cuatro meses desde que Bernardo Arévalo fue investido como presidente de Guatemala.
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