La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recalcó este lunes que la desaparición de personas representa “una grave crisis de derechos humanos en México” e insistió en que “muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”, y que en estos casos se puede definir la conducta como desaparición forzada.
“El alto número de desapariciones en contextos temporales y territoriales en que han prosperado las operaciones del crimen organizado permiten afirmar que es imposible que las autoridades del Estado no conocieran de esas operaciones. Ello apunta a la posible configuración de una situación de aquiescencia que debe ser atendida, neutralizada y esclarecida por el Estado, en los lugares donde hubiera ocurrido o se encuentre ocurriendo”, planteó el organismo en un amplio informe presentado en la Ciudad de México por Andrea Pochak, la vicepresidenta de la CIDH.
Pochak señaló que las desapariciones ocurren en distintas regiones del país y recordó que actualmente existen más de 133 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar. Explicó que las modalidades de la desaparición han cambiado con el tiempo desde las desapariciones forzadas cometidas por el Estado durante el periodo de la “Guerra Sucia” hasta las actuales vinculadas principalmente al crimen organizado.
En relación con la memoria y la verdad, el informe destaca la creación de la comisión de la verdad para los hechos de la “Guerra Sucia”. Al mismo tiempo, se identifica como reto principal la falta de entrega de información de instituciones militares, lo que ralentiza el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares. Cabe recordar que en 2024, la Secretaría de Gobernación acusó a los comisionados de la comisión de la verdad de exceder sus funciones, por lo que mutiló su contribución al informe final y borró a cientos de víctimas de la “guerra sucia”.
Y aunque la CIDH no encontró indicios de que el Estado mexicano ordene desapariciones de manera sistemática, advirtió que las desapariciones forzadas no han sido erradicadas y persisten casos de colusión entre grupos criminales y agentes del Estado. En resumen, México enfrenta “una grave crisis” de desaparición de personas y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. El delito es “generalizado” y el universo de víctimas agrupa una multiplicidad de perfiles, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado; al igual que mujeres y niñas víctimas de violencia de género.
Madres buscadoras presentes en el evento denunciaron omisiones de parte de autoridades y exigieron que no se borren desaparecidos de registros oficiales. Viviana Mendoza, vocera del colectivo “Hasta encontrarles”, calificó como “lamentable” el posicionamiento del Estado mexicano al asegurar que desde el 2018 el gobierno mexicano no ha querido recibirlas.
Durante la presentación, Enrique Ochoa, subsecretario para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el Estado mexicano evaluará las 40 recomendaciones de la CIDH en materia de desaparición de personas, para implementar dichas medidas. Al ser cuestionado por los familiares sobre si el informe realmente cambiaría algo, la respuesta de Andrea Pochak fue que darán puntual seguimiento a la implementación de las recomendaciones.
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