Los militares las reconocieron, cuando el 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz, y Celia González Pérez, y su madre Delia Pérez, intentaron cruzar el retén que el Ejército mexicano colocó en el ejido Jalisco, del municipio de Altamirano. Incluso a una de ellas la llamaron con el sobrenombre con el que la conocían en su comunidad. Para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ellas eran integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y las castigaron por ello, violándolas. Las detuvieron y durante dos horas, mediante la tortura sexual, intentaron obligarlas a que se declararan integrantes del grupo armado, y que delataran a otras personas. Eran los meses en lo que el Ejército mexicano ocupaba las zonas indígenas de Chiapas, para desarticular el movimiento insurgente. Ellas resistieron, y al ser liberadas, denunciaron penalmente los hechos, se sometieron a los éxamenes que demostraban la violación tumultuaria, pero el caso fue asumido por la Justicia Militar, y lo cerró negando la justicia. Recurrieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que en 2001, luego de analizar el caso, presentó un informe de fondo, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano. La CIDH concluyó que la violación de las hermanas González Pérez, “fueron cometidos con el fin de amedrentar a las tres mujeres por sus presuntos vínculos con el EZLN”. Sin embargo el Estado mexicano evadió su responsabilidad por 25 años, hasta que este 18 de octubre, inició el proceso de justicia. En la plaza pública del municipio de Ocosingo, en voz de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobierno mexicano les pidió disculpas a las hermanas Gonzalez Pérez, ante medio millar de personas, entre ellas funcionarios públicos y habitantes de la región.
Leer el artículo de Andrés Domíngues: Gobierno mexicano pide disculpas a indígenas violadas por el Ejército en 1994, “Nos castigaron para castigar al zapatismo”.
