Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por las declaraciones del secretario del Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos, quien afirmó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “recluta” jornaleras y jornaleros agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo.
En su pronunciamiento, las organizaciones subrayaron que Tlachinollan no actúa como intermediario laboral y que su trabajo con población jornalera consiste en documentar violaciones a derechos, fortalecer capacidades de defensa y brindar atención integral.
Las más de 300 agrupaciones rechazaron los señalamientos y exigieron una rectificación pública: “Advertimos con preocupación los intentos de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta la población jornalera mediante señalamientos infundados hacia una organización de la sociedad civil que ha acompañado históricamente a esta población”, señalan las organizaciones firmantes, entre ellas la Alianza Campo Justo, la Red TDT y el Bloque Latinoamericano sobre Migración.
Sobre la atención a familias jornaleras agrícolas, explicaron que Tlachinollan sostiene la Unidad de Servicios Integrales, también conocida como la Casa del Jornalero, en Tlapa de Comonfort, donde cada año miles de personas reciben alimentos, atención médica y un espacio para pernoctar durante sus trayectos migratorios. También señalaron que, junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, la organización realiza un registro anual público sobre trayectorias migratorias y acceso a programas sociales, sin participar en procesos de contratación.
Apenas en noviembre pasado, Tlachinollan denunció la inseguridad en los caminos de las familias migrantes, que son “hostigados, asaltados y son forzados” a dar una “cuota” a los delincuentes. “Es alarmante, pero los tres niveles de gobierno han dejado a la población jornalera a su suerte”, señaló el centro con sede en Tlapa.
Por ello, exhortaron al gobierno del estado de Guerrero y al Gobierno Federal a cesar los ataques contra organizaciones de derechos humanos, establecer coordinación efectiva con comunidades y fortalecer la inspección laboral.
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