El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acusó al gobierno de Chiapas de tergiversar la realidad del desplazamiento forzado interno que afecta a 24 mil 510 personas en Chiapas, según ha documentado el organismo.
En un fuerte comunicado donde detalla casos específicos de poblados y familias enteras que están actualmente desplazadas, y otras que viven en sus comunidades pero bajo el asedio de grupos criminales, calificó de negacionista la postura oficial que sostiene que el desplazamiento forzado y la violencia criminal está prácticamente resuelta en el estado.
“Nos inquieta, además, la actitud del Gobierno y la tergiversación de la realidad con el propósito de responder a un interés político, al proyectar la imagen de un estado en paz, tranquilo y sin graves problemas de violencia”, señala el comunicado.
El Frayba puso como ejemplo de la gravedad de la crisis a la región fronteriza de la entidad, particularmente los municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde “persiste una situación crítica de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales que ha provocado el desplazamiento de cientos de familias desde 2021 a la fecha”.
El centro de derechos humanos calificó de “lamentable” y “sumamente grave” que las autoridades reduzcan la crisis “a un simple porcentaje, como si las múltiples afectaciones que acompañan estos hechos pudieran registrarse únicamente en tablas y cifras”.
Desde hace años, organizaciones y expertos afirman que la situación de desplazamiento forzado interno en el sureste mexicano es alarmante. Las redes criminales en la región fronteriza de Chiapas “operan en un territorio marcado por la complicidad institucional, la disputa por rutas estratégicas y la presencia de economías ilegales que se entrelazan con actividades cotidianas”, cita Luis Hernández Navarro a las organizaciones locales.
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