El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco desmintió al Gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien vinculó las acciones de búsqueda de las mujeres con el ataque en Tlajomulco. Las familias se deslindaron de los hechos, sucedidos el pasado martes: aclararon que ellas no recibieron una supuesta alerta sobre el hallazgo de restos humanos que, según el Gobernador, fue una trampa para agredir a los elementos de seguridad.
Por su parte, organizaciones expresaron preocupación por la suspensión de la búsqueda de desaparecidos en la entidad después del ataque en Tlajomulco, del crimen organizado contra elementos de la Fiscalía General del Estado, el cual dejó seis elementos de la policía municipal muertos y 12 lesionados.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el atentado y se solidarizó con las víctimas, e hizo un llamado a realizar todos los esfuerzos para garantizar una investigación pronta y efectiva que permita la identificación y sanción de los responsables.
Sin embargo, recordó que, de acuerdo con el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, la búsqueda de personas es una obligación permanente que debe iniciarse sin dilación y realizarse en condiciones de seguridad y con respeto al derecho a la participación. Las búsquedas no deben suspenderse, apuntó.
Jalisco es la entidad que registra la mayor cantidad de personas desaparecidas de toda la República, con 14 mil 906, en un país que suma más de 111 mil cuyo paradero no se conoce. El municipio de Tlajomulco, que más ha crecido en la última década, cuna del grupo político que hoy gobierna Jalisco, es también el epicentro de la violencia en una entidad azotada por las desapariciones y las fosas clandestinas. Junto a Guadalajara y Zapopan, Tlajomulco es el único municipio que tiene más de mil víctimas de desaparición, según los datos del Sisovid.
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